Al inicio de este año platicaba con un profesor universitario que, previo a sus estudios de doctorado, trabajó en la Secretaría de Gobernación como parte de una comisión binacional que recorrió buena parte de México capacitando a jueces y ministerios públicos. En la charla, me llamó la atención los buenos comentarios que hizo sobre el gobierno de Nuevo León, al que consideró como uno de los tres estados mejor preparados, equipados y dispuestos a la efectiva procuración de justicia.
Poco después de esa charla, en la televisión local regia un spot de gobierno mostró cómo, al menos en la zona metropolitana de Monterrey, es posible levantar una denuncia a través de videoconferencia como forma de acelerar el inicio de una investigación y persecución de un delito. Aunque mi experiencia con el sistema legal canadiense es hasta ahora y afortunadamente muy escasa, no tengo información de que un sistema así opere, al menos en la región del país donde resido.
Como alguien que se interesa e investiga la seguridad pública, la violencia y la procuración de justicia en México desde hace muchos años, por algún tiempo tuve la impresión de que las cosas se estaban haciendo muy bien en Nuevo León. Lo que ha pasado con Debanhi, esa mal llamada “falla humana masiva” reconocida por el Secretario de Seguridad Pública Estatal contradijo lo que, al menos en la superficie, presentaba al estado como de avanzada en la lucha contra el crimen, con todo y que el reporte anual elaborado por la organización civil Impunidad Cero colocó a Nuevo León como el segundo estado con menor índice de impunidad en homicidio doloso (35.9 porciento).
Incluso, Nuevo León se ubicó como la mejor a nivel nacional en el 2021, de acuerdo a Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías, el cual evalúa la estructura, operación, resultados y ahora también la transformación digital a causa de la pandemia.
En la medición de fiscales o agentes del ministerio púbico, Nuevo León es último lugar nacional con apenas tres elementos por cada 100 mil habitantes, lo que se refleja en 458.8 casos anuales por fiscal; Chihuahua, que va en primero, reportó 33 agentes por cada 100 mil habitantes. En presupuesto asignado, Nuevo León se recuperó en los indicadores al ser tercero nacional, y en la transformación digital se colocó en el primer sitio.
Con todo y sus claroscuros, la procuraduría neolonesa alcanzó el mejor indicador de confianza ciudadana en el país con el 19.6 porciento, es decir que 20 de cada cien ciudadanos esperan que se investigará lo que se reporta. Una vez que se denuncia, el reporte explica, existen dos parámetros para medir el desempeño gubernamental: uno es la efectividad en la resolución de los casos, que es aquellos expedientes que se resolvieron con “el no ejercicio de la acción penal, abstención de investigar, criterios de oportunidad, incompetencia, acumulación, sobreseimiento, otras causas o decisiones de terminación, carpetas vinculadas a proceso y casos resueltos por justicia alternativa”, se indica. En este aspecto, Nuevo León es décimo, con un marcado retroceso entre 2019 y 2020, que se entiende por la pandemia y las formas de capturar y reportar la información por cada dependencia.
El segundo parámetro es la probabilidad de esclarecer un delito, o la posibilidad de conocer la verdad de lo que se denuncia, y que ese hecho sea determinado por alguna de las opciones disponibles en el criterio de efectividad arriba mencionados. Entendiendo que, en México, la probabilidad de que un delito se denuncie y se esclarezca es de apenas el uno por ciento, en Nuevo León -octavo nacional- los delitos denunciados con inicio de investigación en 2020 fueron el ocho por ciento; de estos, la efectividad fue del 18.2 y la probabilidad de esclarecimiento apenas llegó al 1.46 porciento.
En complemento, el mismo Aldo Fasci indicó, en una entrevista transmitida en internet por Fernando Lozano, que el estado de fuerza conjunto de las policías municipales y estatales es de 14 mil elementos -la mitad de los que se requieren para atender una población del tamaño de Nuevo León- y de los cuales se estima que operan cuatro mil por día. En comparación, en el estado se han identificado 16 células delictivas operando; solo una de las “pequeñas” tiene más de mil miembros.
El funcionario agregó que solo San Pedro Garza García tiene los elementos necesarios, mientras que el resto de los municipios tiene déficit. Fasci también dijo que, al año, el servicio de emergencias telefónicas 911 recibe ocho millones de llamadas, de las que un millón es real y 200 mil son para reportar faltas y delitos. Cada domingo, aseguró, entre 10 y 12 de la noche, el 911 recibe 400 llamadas de violencia intrafamiliar. El secretario estatal también detalló que, del total de los detenidos por la policía, 25 porciento salen libres porque no se localizó a la víctima.
Paradójicamente, la implementación del sistema de justicia acusatorio, oral y adversarial supondría una mejor aplicación de la ley, y la designación de la Fiscalía General de Justicia del Estado como entidad autónoma, en la que el titular es designado por el congreso estatal, en teoría la libera de influencias políticas e intromisiones sesgadas desde el palacio de gobierno.
Sin embargo, un reporte adicional elaborado por la organización México Evalúa encontró que de 2019 a 2020, de todo el aparato de justicia en el estado, solo la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas tuvo una reducción -del 2.4 por ciento- en su presupuesto, y la defensoría pública apenas creció un 0.5 porciento. Este tratamiento fiscal limita las oportunidades de que tanto víctima como imputado tengan igualdad procesal, se advierte en el análisis. En cambio, la Secretaría de Seguridad Pública recibió un aumento del 12.8 porciento en un año.
Como sucede en todo el país, el laberinto de la justicia es muy, muy complejo, incluso hasta contradictorio de transitar para las víctimas y sus familias. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública del 2020 reveló que a pesar de que la inseguridad es el tema que más preocupa a los neoloneses -70.6 de cada 100-, apenas ocho de cada cien delitos se denunciaron. La principal causa por la que no se acude a la autoridad en el estado (34.9 porciento) es porque el afectado lo considera una pérdida de tiempo, y un 12 porciento adicional no lo hace por lo largo y difícil de los trámites.
“Estoy molesto porque me equivoqué. Creí en la fiscalía”, declaró Mario Escobar minutos después de que se localizó el cuerpo de su hija Debanhi.
Horacio Nájera es Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UANL y maestrías en las Universidades de Toronto y York. Acumula 30 años de experiencia en periodismo, ha sido premiado en Estados Unidos y Canadá y es coautor de dos libros.
