La Consulta de la discordia

La consulta ciudadana sobre la reforma para privatizar Pemex efectuada en el Distrito Federal no tuvo el éxito esperado. Lo saben sus organizadores – el gobierno de la ciudad de México- y sus adversarios: el gobierno federal, el PAN y el PRI. No obstante no haber sido lo que a Marcelo Ebrard le hubiera gustado, sus resultados mucho preocupan al gobierno de Felipe Calderón, según la reacción inmediata reflejada en la campaña mediática donde la siguen destrozando. Lo hicieron antes de efectuarse y lo hacen ahora.
La preocupación del gobierno federal existe porque están conscientes que la falta de afluencia tuvo muchas causas -incluso una de ellas, su campaña en contra- pero saben también que el millón 700 mil que votó a pesar de todo, a pesar de ellos, es para su desgracia un no tan pequeño botón de muestra sobre el rechazo que el intento de privatizar Pemex provoca. 
Para los ciudadanos no es necesariamente una causa de Andrés Manuel López Obrador o de Marcelo Ebrard. La defensa del petróleo mexicano es una causa nacional.
Que bien la puede enarbolar nacionalmente Andrés Manuel y Ebrard en la capital pero que aún sin ellos, esta industria es para los mexicanos su petróleo y no quieren que se venda.
Los miles de millones de pesos gastados por el gobierno de Felipe Calderón en los medios de comunicación en una costosa campaña para convencer que su iniciativa no es privatizadora y es impostergable no es creíble porque sus contradicciones saltan a la vista.
Una cosa es que Pemex debe modernizarse, otra distinta que deba venderse. Es bien sabido que Pemex arrastra dos lastres: gobierno y sindicato.
Pero sucede que ni la reforma de Felipe Calderón, ni la reforma clonada del PRI, osan tocar al corrupto poderoso sindicato petrolero. Si la intención de ambas reformas fuera modernizar como pregonan, por ahí habrían empezado.
Cuando el gobierno de Calderón y el PRI de Manlio Fabio Beltrones (apuntalado por Carlos Salinas) protegen al sindicato, es que tienen malas intenciones; la modernización de Pemex como asunto prioritario no figura más que en los caros spots que le meten a la gente hasta en la sopa.
De ahí la importancia de preguntar a los ciudadanos qué opinan sobre la venta de Petróleos Mexicanos a capital privado especialmente extranjero. 
La Consulta ya se hizo lugar a los ojos del mundo. A  los gobiernos de otros países no les importa cuántos fueron a votar. Su lectura es que en México se hizo una Consulta Ciudadana para saber si los mexicanos apoyan o rechazan la privatización que quiere hacer Felipe Calderón. 
En países democráticos un ejercicio así es un mecanismo democrático y respetable. No les resulta ajeno. Los brincos que da el gobierno calderonista y sus aliados ante la osadía de la izquierda de consultar no deben encontrarles mucho sentido.
 Es cierto que en el DF donde gobierna un partido de izquierda la Consulta debió dar para más. Pero también es cierto que la capital provoca un efecto multiplicador sobre el resto del país y faltan todavía dos consultas.
El 10 de agosto la segunda en los estados del sur y el 24 de agosto la tercera, en los estados del norte. Lo que significa que este primer resultado representa una tercera parte del ejercicio democrático, que la derecha enarbolada por el PAN y el PRI han satanizado.
 Según todas las encuestas la iniciativa de Calderón fue rechazada por la población y generó antipatía. Ante el naufragio de su reforma, con presteza el PRI entró al rescate con la suya, un salvavidas casualmente idéntico en 29 de los 45 artículos de la de Calderón.
El PAN tiene que reconocerle al PRI su maestría para presentar lo mismo, incluso con nuevas marrullerías, pero con mejor disfraz. En el gatopardismo mexicano el PRI lleva la delantera al PAN.
 Lo que intenta hacer el binomio de la derecha es imponer su segunda opción de reforma privatizadora priista, a ver si ésta corre mejor suerte. No termina de cuadrar.
El gobierno no ha calculado que sus ataques en los medios contra la consulta, se le revierten. Tampoco, que si estimara esos resultados de poca monta como pretende hacer creer, no tendrían sentido sus esfuerzos para borrarla del mapa. 
El mensaje enviado es que tiene más repercusiones de las que Calderón está dispuesto a admitir.
 El tema de la defensa del petróleo encabezado por el Líder de la Oposición Andrés Manuel López Obrador, ha sido un movimiento en cuatro tiempos. Primero: los Foros entre expertos que debatieron en el Senado; por qué si o por qué no privatizar a Pemex. Segundo: la consulta ciudadana en tres etapas en todo el país.
Como era de esperarse, ni las conclusiones de los expertos para demostrar que a México no le conviene vender a Pemex, ni el “NO” expresado en la consulta ciudadana, serán factores a tomar en cuenta por la mayoría de legisladores integrada por el PRI, PAN y PVEM al votar la iniciativa Calderón-PRI. Van por la venta y punto.
El tercer tiempo es una Iniciativa Ciudadana elaborada por los expertos que defendieron a Pemex en el debate, apoyada en el No de la consulta y respaldada por los partidos que integran el FAP (PRD,PT y Convergencia). 
Después de que la misma sea mero trámite para la mayoría oficial en el Congreso, entra el cuarto tiempo operado por López Obrador: las movilizaciones nacionales.
 Para el gobierno de Calderón, legisladores y  para el capital privado nacional y extranjero llegó el momento de hacer la entrega del petróleo mexicano.  Hay menosprecio gubernamental al rechazo que la privatización de Pemex expresó en los foros del Senado y en la consulta ciudadana.
Calderón como Salinas no ve ni escucha. Un menosprecio así retrata como intolerante a este gobierno, lo que es riesgoso ante las manifestaciones anunciadas en las calles si se insiste en entregar esta industria.
Calderón llamó a la “sociedad civil” y a los medios a que apoyen su decisión de dar a Pemex.
En el caso de los medios su llamado es innecesario porque el apoyo es continuo, repetitivo y subordinado a los designios presidenciales.
En cambio la reforma es rechazada por una población que tiene hambre, que no ha sido atendida en sus reclamos de más empleos (de los menguados 500 mil prometidos, este año apenas se crearán 300 mil ) sus demandas de mejores salarios (la inflación estimada en 4.75 por ciento la proyecta el Banco de México en 6 por ciento).
Ante la realidad de una desigualdad económica creciente, el descontento cobra fuerza, pues no se entiende que el gobierno insista en deshacerse de la última rentable empresa nacional, con  la capacidad para impulsar el estancado desarrollo del país.
Tanta urgencia del gobierno por privatizar Pemex obliga a dar por buena la versión de que su venta es pago a transnacionales estadounidenses y españolas, por apoyar la campaña presidencial de Felipe Calderón.
El propio ex líder panista Manuel Espino justificó que esos compromisos de campaña, más que de su partido, son de Calderón.
Pero el país no tiene por qué pagar compromisos personales de un político que quiso ser Presidente. Este personaje quiere aplicar para la venta de Petróleos Mexicanos, su misma fórmula con que simplificó los nebulosos resultados de la elección presidencial en 2006, y cuando entregue Pemex salir con su “haiga sido como haiga sido”.
En el caso del petróleo está por verse, que así vaya a ser.