Para que el país logre salir de su crisis económica y política requiere una nueva clase gobernante que practique la ética política, entendida como acciones orientadas hacia el bienestar de toda la población. La historia demuestra que en México se desconoce su significado y siempre fue prescindible. Desde la creación de nuestro sistema político por el PNR antecesor del PRI en 1929 y hasta nuestros días con la llegada del PAN al poder, ha estado en desuso. Convertido en clon del PRI, el PAN traicionó sus ideales. El desencanto generado augura abstencionismo que paradójicamente haría regresar al PRI. Similares en corrupción, ausencia de rendición de cuentas e impunidad, confirman que la respuesta no está en un cambio de partido, sino en los valores que rijan a quienes gobiernen.
México es escenario de sucesos vergonzosos e impunes. Estos días hubo de todo. Una crisis económica negada por el gobierno; una reforma petrolera amañada para colar cierta privatización; PAN y PRI avalando la perniciosa presencia del sindicato petrolero en el Consejo de Pemex; un ex presidente del IFE evidenciando involuntariamente que ese organismo nunca fue independiente ni democrático; un ex Presidente negando su relevante papel en el fraude de 2006; un PAN impugnando la multa del Tribunal Electoral, por la campaña negra de su aliado el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y una PGR amparada para ocultar al IFAI una investigación contra el padre del extinto secretario de Gobernación.
Esta es la clase política en quien México ha dejado su destino. Por su ausencia de ética y moral (no la del árbol que da moras, definida por el ex gobernador y cacique priista Gonzalo N. Santos) la tarea de gobierno se ha orientado hacia el enriquecimiento personal, dejando al país a la deriva.
Hace 14 años teníamos 30 millones de pobres, que paulatinamente aumentaron 38.8 por ciento hasta llegar a casi 80 millones. En un país de 107.5 millones de habitantes, la cifra es grave. En el círculo de la extrema pobreza se ubicaban casi 4 millones – 4.8 por ciento- de la población. Pero el círculo de los más pobres se amplió 17 por ciento para cercar a ocho millones de mexicanos
La pobreza no es fenómeno espontáneo. No surge porque sí. Hay responsables que la generaron y aumentaron. Gobernantes omisos de vocación, desprovistos de honestidad, entienden los cargos públicos como vía rápida para volverse millonarios. No hay diferencia entre el enriquecimiento de un Miguel de la Madrid, un Ernesto Zedillo o un Vicente Fox; entre un Carlos Salinas o un Felipe Calderón. Si acaso los priistas son más refinados, los panistas más burdos. Gobernantes que arriban con su equipo al convite del Poder para succionar la riqueza nacional y endosarla a sus cuentas personales, de parientes y amigos.
Varios presidentes intentaron privatizar Pemex. Lo consiguió primero Miguel Alemán, entre 1949 y 1951, al firmar cinco “contratos riesgo” con empresas norteamericanas – como ahora con Calderón- para explorar y explotar zonas del Golfo de México. En su sexenio, Adolfo Ruiz Cortines cancela esos contratos al promulgar en 1958 la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, aprobada en el Senado en noviembre de 1959 y publicada en el Diario Oficial el 20 de enero de 1960. A pesar de las reformas, los “contratos riesgo” finalizaron hasta el 27 de febrero de 1970. Nos llevó 20 años reparar el daño provocado por Alemán a las finanzas y soberanía nacionales.
Esta clase política no entiende de soberanía y considera al nacionalismo, estorbo. Hace 26 años gobiernos priistas y ahora panistas, dejaron de construir refinerías que resolverían el consumo interno de gasolinas. Obedecen no a la ética política, sino al criterio del negocio del que son parte. Aunque los ingresos nacionales proceden de la venta de petróleo crudo y las remesas – dos fuentes no seguras, pues el barril fijado en 49 dólares cayó a 47.42 y las remesas disminuyen – el gobierno abrió una rendija para privatizar la exploración y explotación en el Golfo de México. No se guía por el interés nacional.
El gobierno de Calderón mediante el PAN y el PRI, presentó dos documentos sobre la Ley de Pemex ante el Senado. Uno a la vista y el otro, oculto. Aprobado en comisiones, para cuando llegó al pleno del Senado, el primer documento desapareció y se votó uno segundo del que se borró el siguiente párrafo:
“No se suscribirán contratos de exploración o producción que contemplen el otorgamiento de bloques o áreas exclusivas”. Ningún legislador y menos Calderón explicaron qué pasó con ese párrafo que desaparecieron entre el 14 y 22 de octubre y significó quitar un candado para cuadricular el Golfo de México y repartirlo entre transnacionales. Fue una trampa a espaldas de la opinión pública.
Los miembros del Frente Amplio Progresista (FAP) se percataron el miércoles 22, en vísperas de su aprobación en el Senado el jueves 23 de octubre. Sucesos como el cambio de documentos sobre la Ley de PEMEX, revelan que esta clase política no tiene compromiso con el país ni con los ciudadanos, que dicen representar.
Luis Carlos Ugalde pretende reescribir la historia electoral de 2006, con un libro tan amañado como las elecciones. Como presidente del IFE, Ugalde hizo un gran servicio al país. Demostró que después que Salinas lo inventó en 1990 para legitimarse, cumple su segundo propósito: manipular elecciones. Ugalde coloca al IFE en su sitio: “organismo que en México organiza el fraude”.
Luego reparte culpas y acusa a Fox de usar los medios a su alcance para evitar que AMLO ganara la elección. En el desfile de esta clase política el Fox confeso y orgulloso de su ilegal participación en el proceso electoral, se auto corrige: nunca violó ninguna ley, siendo Presidente. Negará también que se robo los muebles de la oficina presidencial en Los Pinos y se los llevó a su casa.
Mientras la mitad de votantes responsabiliza al PAN por respaldar la campaña violenta del CCE, el líder panista Germán Martínez impugnará ante la Suprema Corte, al Tribunal Electoral por sancionarlos. Niega su complicidad con el IFE por no conminarlo a enjuiciar los virulentos spots del CCE contra López Obrador.
Como Fox, Martínez Cázares culpa al IFE por no actuar de oficio y reescribe la historia. La violencia de la campaña panista contra AMLO, la traduce como “libertad de expresión”. La impugnación por la multa la justifica como “defensa del debate” para respaldar al CCE, se queda sin argumentos.
El Tribunal Electoral culpa al PAN, el PAN a Ugalde, éste responsabiliza al PAN y a Fox. Ninguno asume su participación en el fraude. Otras instituciones están en falta. PRI y PAN impusieron como intocables los cinco lugares del corrupto sindicato de Pemex en el Consejo de Administración. No es todo. La PGR se amparó para ocultar al IFAI la investigación por lavado de dinero que se le sigue en España al padre del extinto secretario de Gobernación, Manuel Carlos Mouriño Atañes.
Es la clase política que da la espalda a la nación, porque está ocupada en sus negocios. Son incapaces de resolver la pesada crisis económica que agobia a la mayoría de los hogares, porque están ajenos a ella.
No comprenden que es una crisis, porque nunca se reflejó en sus bien proveídos bolsillos. Están aliados con el gran capital, no con los ciudadanos. A México le urge cambiarlos y elegir a quienes gobiernen con ética política y moral.
Los mexicanos no deberían volverse a arriesgar con esta gente. Hay que abrirles la puerta a otros políticos, cercanos a las necesidades de la sociedad y que asuman que su compromiso, es con todo el país.
marthazamarripa@yahoo.com.mx
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