La Opacidad del Banco de México

Una investigación del Centro de Estudios Espinosa Iglesias que analizó el acceso a la información y a la transparencia de siete organismos federales, reprobó con una calificación de 3.91 a fines de 2008 al Banco de México (Banxico) por incumplir el Artículo 6to Constitucional. En ese rango están el Senado y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) mientras que la Cámara de Diputados tampoco pasó, con 5.22. Si el Congreso de la Unión reprueba en transparencia, no hay mucho que esperar de otras instituciones federales. La opacidad del Banco Central es legendaria, pero es aún más deplorable desde el 2007, al aprobarse en la Constitución cambios a la Ley Federal de Transparencia y de Acceso a la Información.
El Banxico no está interesado en acatar la Constitución en materia de transparencia porque exhibiría el mal uso que hace de recursos del erario, para beneficiar a un selecto grupo de ex funcionarios con pensiones millonarias, consideradas pensiones especiales lo que sería mal visto en un país con al menos 48 millones de pobres, cuyos pensionados y jubilados, cotizaron al menos 500 semanas en el Seguro Social y esperaron a tener más de 60 años para recibir una pensión de mil 400 pesos mensuales. Fundado en 1925, el Banco Central es turbio en su manejo de información. En los años del presidencialismo priísta, su director obedecía al secretario de Hacienda, que acataba las órdenes del Presidente de la república, hasta abril de 1994. Sorprende que al dotarlo de autonomía, no hubo modifcaciones en el acceso a la información. Se volvió más cerrado obviando que por esta condición, no deja de pertenecer al gobierno federal.
Para eludir a la Ley Federal de Transparencia y de Acceso a la Información que está obligado a cumplir como organismo gubernamental, el Banxico modificó sus leyes orgánicas. Estableció su Unidad de Enlace, que depende de si mismo, desentendiéndose de la Ley aludida. Si un ciudadano requiere información del Banco Central y se le niega, no puede denunciarlo porque no responde a la legislación contemplada en el artículo 6to constitucional, sino a su propia oficina. Esto imposibilita el acceso a la información y cualquier posibilidad de transparencia. Nadie lo vigila, ni sanciona. Su famosa Junta de Gobierno es intocable, no se le puede castigar y sus decisiones son inapelables. Ellos se mandan solos.
Muy a su pesar, trascendieron nombres de privilegiados pensionados y montos de sus millonarias pensiones, en situaciones irregulares. El Banco no ha explicado el criterio para autorizar que cobren simultáneamente sueldo y pensión en Banco de México. O que ciertos empleados se jubilen de esta institución, mientras se van a otro puesto del gobierno federal. La distorsión es posible porque el gobierno le permite discrecionalidad ilimitada para empleados de confianza, y que se auto otorgue libertad absoluta para fijar sueldos y prestaciones. Para millones de pensionados del Seguro Social algunos casos de los llamados pensionados de oro resultan particularmente sensibles. Figuran directores, vicegobernadores o el mismísimo Gobernador del Banxico, el priísta Guillermo Ortiz, pensionado por Banxico con 155 mil pesos mensuales y simultáneamente recibiendo sueldo como Gobernador del mismo Banco. Aunque esta excepción no tiene sustento, la poderosa Junta de Gobierno determinó que Ortiz “cubrió” los requisitos para jubilarse. Nada quedó claro, excepto ese favoritismo. Esta Junta de Gobierno que otorga dádivas a quien quiere, cuida bien a sus miembros. Determinó que cuando ellos mismos no hayan trabajado en el Banxico, recibirán seguro de vida, incapacidad permanente total o de invalidez equivalente a 36 meses de sueldo. Son juez y parte.
El priísta Francisco Gil Díaz fue pensionado con 141 mil 619 pesos, como ex vicegobernador, mientras cobraba como Secretario de Hacienda. A otro ex secretario de Hacienda, Jesús Silva Herzog le otorgaron 131 mil 802 pesos mensuales de pensión, como ex director del Banxico, rango y monto compartido con dos ex presidentes: Miguel de la Madrid y Ernesto Zedillo, más cuestionables, porque también disfrutan de otra pensión como ex presidentes. A De la Madrid el Banxico lo becó en Harvard después de trabajar sólo 4 años en esa institución. Zedillo fue empleado del Banco Central apenas 9 años. El actual Secretario de Hacienda Agustín Carstens recibió trato de excepción desde 1999. Su pensión también es vitalicia. Cuando el dato se hizo público, el gobierno aclaró que la pensión se “suspendió” mientras esté en el gabinete de Felipe Calderón. Cobró varios años un millón 818 mil pesos anuales (151 mil 500 pesos mensuales) que volverá a recibir cuando termine su actual encargo, con sólo 15 años laborados. A miles de estudiantes mexicanos el gobierno les niega beca para estudiar en el extranjero, a Cartens el Banxico le pagó maestría y doctorado en la Universidad de Chicago.
Esa manga ancha para premiar a directivos o ex directivos, pagándoles sueldos dobles con recursos públicos, contrasta con el trato miserable que el Banco Central destina al resto de pensionados, jubilados, viudas de pensionados, que ocuparon desde gerencias de sucursal, hasta puestos modestos, violando sus derechos constitucionales. Una de sus mejores prestaciones, su servicio médico, lo hicieron deficiente y limitado. Son conocidos casos de ex gerentes, ex subgerentes y otros ex funcionarios a quienes les niegan enfermeros o cuidadores cuando sus enfermedades lo ameritan, interpretando discrecionalmente en sentido inverso que con sus ejecutivos dorados, el Plan de Salud. La lista de especialistas la redujo drásticamente. En muchas especialidades no hay médico del Banxico, el empleado o jubilado tiene que pagarlo por su cuenta. Al preguntar a ex médicos del Banco por qué dejaron de prestar sus servicios, responden: “Porque el Banco de México paga una miseria por consulta”. Si las irregularidades se denuncian, no prospera. Funcionarios de Recursos Humanos, Administración, Remuneraciones y Beneficios, y Administración del Plan de Salud, con sorna, lo hacen saber a quienes llevan su inconformidad al terreno legal. Informar a los vicegobernadores, tendrá indiferencia como respuesta. Al modificar el Banxico su Plan de Salud de manera retroactiva, afectando a empleados y jubilados incurrió en un acto inconstitucional, porque un beneficio otorgado no puede quitarse.
El Banco Central que gozó de prestigio cuando fue su director el nuevoleonés don Rodrigo Gómez, ahora aplica doble criterio. Dispendio para funcionarios, mezquindad para el resto. No justifica que los vicegobernadores perciban más de 173 mil pesos al mes (2 millones 81 mil pesos anuales) fijados arbitrariamente. El abuso y dispendio del Banco de México ha sido cubierto por ellos y el gobierno federal, pero se les debe detener. Su ilegal y abusivo sistema de sueldos, jubilaciones y prestaciones a funcionarios que laboraron pocos años en el Banxico, afecta a su población laboral activa o jubilada. Estos últimos, constituyen más del 60% y no hay quien hable por ellos. Nadie los defiende de la Junta de Gobierno ni de los turbios manejos del Banco Central. La autonomía al Banxico se otorgó para que la política monetaria no se fijara al gusto del presidente; para que las decisiones de política fiscal se manejaran independientes del déficit gubernamental, y evitar la tentación de echar a andar la máquina del dinero. Era cancelar un conflicto de interés, no generar abuso y derroche. La autonomía debió ser candado, no llave maestra para privilegiados. Ninguna institución del gobierno y esto incluye al Banco de México, tiene derecho a la opacidad ni a decidir por su cuenta que los recursos del erario se destinen a jubilados y jubilaciones doradas. El Banxico debe ser llamado al orden.

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