Lindbergh y Fernando Marín

Los ocho países con más secuestros en el mundo (Colombia, México, Brasil, Filipinas, Venezuela, Ecuador, Rusia y Nigeria) poseen algunos rasgos semejantes: colapso parcial del Estado; altos índices de impunidad de los sistemas judiciales; nuevas modalidades de crimen organizado; ineficacia y corrupción extendida en las fuerzas policiales; nexos crecientes entre política y delincuencia; proliferación descontrolada de armas livianas; progresiva arbitrariedad en las relaciones sociales; y alarmantes desigualdades sociales y económicas.
Este diagnóstico lo hace el periodista Manuel Salazar del periódico La Nación de Argentina, en un artículo detallado, publicado hace un año, resume con absoluta claridad qué genera la industria del secuestro en el mundo.
Asaltantes, ladrones y narcotraficantes observan cómo los secuestradores obtienen jugosos rescates y no reciben condenas muy severas. El negocio es mucho más rentable y bastante menos riesgoso, establece el periodista argentino.
Al leerlo se percibe el grado de complejidad que tiene este creciente problema y que tan sólo en México provoca mil 200 secuestros anualmente, donde más de 300 personas son asesinadas por sus captores.
De acuerdo a cifras del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y el Centro de Política Exterior con sede en Londres, Inglaterra, el 75% de los secuestros ocurren entre México y Chile y nuestro país ocupa el segundo lugar después de Colombia.
Esas cifras son sólo una referencia, dice Manuel Salazar, ya que sólo uno de cada diez secuestros es denunciado.
Las causas de este fenómeno delictivo se refieren a la falta de gobernabilidad, la impunidad, el crimen organizado, la ineficacia y corrupción de las policías, la relación estrecha entre política y delincuencia.
Todos esos aspectos detallados en el primer párrafo de esta columna tienen que ver con México.
Nuestro país ha caído en los niveles más bajos, el Estado dejó hace mucho tiempo de ser garante de la seguridad y aún más, se ha coludido con la delincuencia organizada para golpear a los ciudadanos.
Otra característica relevante es que los grandes empresarios dejaron de ser el objetivo preferido: se aprecia un notorio incremento de víctimas entre pequeños y medianos comerciantes, empresarios del transporte urbano y de supermercados, así como propietarios de fábricas textiles. La clase media se convirtió en el blanco preferido, eso lo señala el periodista argentino en su artículo.
En los secuestros exprés, el 70% es cometido por asaltantes comunes, el promedio de rescate negociado por los secuestradores no rebasa los mil 500 dólares, el promedio de tiempo del plagio va de 12 horas a un día y es cometido en el trayecto de las víctimas entre sus casas y el trabajo.
Otra modalidad que existe sobre todo en México es que muchas de las víctimas son menores de edad a quienes sus captores no les importa hacerles daño y llegan a mutilarlos para pedir rescate.
El caso del joven Fernando Marín, quien fue secuestrado y asesinado nos hace recordar el plagio del hijo del piloto Charles Lindberg ocurrido en marzo de 1932, el pequeño contaba con 18 meses de edad y también fue asesinado por sus captores.
Ese crimen desató en la sociedad norteamericana un repudio tal que llevó a las autoridades a adoptar la pena de muerte para los casos en que la víctima sufriera daños o no hubiera aparecido en el momento de dictar sentencia.
Un sentimiento parecido está ocurriendo en México tras la muerte del hijo del empresario, al tratarse de una persona con recursos económicos e influencia, el presidente de la República, y los medios de comunicación están retomando el tema de aplicar castigos más severos a los secuestradores para inhibir la práctica de este delito.
Incluso se ha planteado aplicar pena de muerte a secuestradores y homicidas.
Esa discusión se llevará muchos meses, si se toma en cuenta que la iniciativa de Felipe Calderón de cadena perpetua para secuestradores lleva más de año y medio empantanada en el Senado, mientras la destraban el número de plagios se incrementará.
Se dice que en Estados Unidos las leyes prohíben el uso de recursos económicos para pagar rescates, la disposición incluye congelación de cuentas bancarias e incluso castigo a quienes paguen a secuestradores.
En México la reforma de las leyes debe ir aparejada con una limpia a fondo en los cuerpos de seguridad, con la aplicación de la ley a los servidores públicos que se alían con los delincuentes. Combatir la impunidad y la corrupción entre funcionarios de gobierno y policías deberían ser los objetivos principales de esas reformas.
Y no se debe dejar de lado el aspecto económico, como lo indica Ruth Zavaleta, presidenta de la Cámara de Diputados, en México la riqueza se concentra en manos de 39 familias, mientras que en promedio la población sobrevive con dos mil 800 pesos mensuales, ese desequilibrio propicia que la industria del secuestro sea una actividad altamente más rentable que esperar a encontrar trabajo bien remunerado.