El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió lo que para los mexicanos fue una clara violación a la ley, cuando en la elección presidencial los empresarios haciendo uso del dineral del que disponen encabezaron una campaña de desprestigio contra el PRD y su candidato, López Obrador.
El resultado de esa campaña mediática, costosísima lo conocemos, ganó el PAN la elección federal y Felipe Calderón es ahora el presidente.
De acuerdo con el dictamen del TEPJF el Consejo Coordinador Empresarial violó las disposiciones legales y favoreció con su campaña negra a los partidos PAN, PRI y Verde Ecologista, antagonistas del PRD.
Por ese motivo el tribunal electoral resolvió que tanto ese organismo empresarial como los partidos favorecidos, deberán ser sancionados por el Instituto Federal Electoral.
Pero eso no proporciona ninguna tranquilidad a la ciudadanía, seamos claros todavía en México no hay verdadera democracia.
Nuestro problema radica en la facilidad de cómo la gente con recursos económicos comete ilícitos, como este de tipo electoral y no hay forma de pararlos, ni castigarlos.
Seguro que una vez conocido el dictamen del tribunal, los empresarios empezarán a argumentar que no es cierto y, el castigo se diluirá, entrarán los medios de comunicación poderosos a defenderlos y todo quedará en un amago de justicia.
Y lo peor es que sin sanciones a los responsables de corromper y maniatar a la opinión pública, seguirán haciendo de las suyas en cada elección.
Al paso que vamos, estamos igual que en Estados Unidos donde la decisión de un Comité Electoral anula la opinión ciudadana.
Igual está pasando aquí en México, no hay respeto por el voto ciudadano, hacen cuentas mochas y termina ganando las elecciones quien mejor se acomode a los intereses de la clase política y económicamente fuerte.
Vergüenza debería de darle al Tribunal, al IFE y a los partidos el manejo que le dan a la situación electoral.
El castigo para los partidos debería ser anular los resultados de la elección federal y llamar a una nueva elección.
Esa sería verdaderamente la manera de cumplir con la ley, no andar con simulaciones y castiguitos.
Pero pedir congruencia a las autoridades, es como creer que dejarán de robar y de abusar de sus cargos. Eso es algo que nunca verán nuestros ojos.
MAS SUICIDIOS
Nuestra columna anterior fue un llamado al DIF para que atienda un problema social que está creciendo y nadie le presta atención.
Los suicidios entre miembros de una misma familia y grupo social puede convertirse en una olla de presión si no se plantean soluciones prontas y expeditas aquí en Ciudad Victoria.
Esas muertes son un grito de auxilio de ese sector de la población al que el alcalde, Arturo Díez, y el DIF no pueden prestar oídos sordos.
Ayer cuando se realizaba el sepelio del muchacho que se suicidó en el domicilio de la familia Carrizales, se pudo observar el problema social que priva, con muchachos adictos a los inhalantes y familias desintegradas, es en este sitio donde urge la presencia del personal del DIF y del Ayuntamiento.
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