En todos lados se cuecen habas y en mi casa a comaladas, reza un dicho popular, al aludir a lugares comunes que hablan de excesos y abusos que se cometen en todo el mundo, pero que son más nocivos cuando están más cerca de nuestra realidad.
Como es el caso de los magistrados y jueces que cobran sueldos altísimos y tienen prebendas con cargo al erario público que harían avergonzarse a sociedades mucho más ricas y avanzadas que la nuestra.
Imagínese de qué tamaño es el abuso de los ex magistrados del poder judicial de la federación que sólo 35 de ellos representan 70 millones de pesos anuales en pensiones, gastos de seguro médico y facturas por ir a comer a restaurantes de lujo.
Ellos se auto asignaron pensiones, sueldos, prebendas, con el pretexto de que son un poder autónomo, pero como el amor de madre que debe tener límites para no criar delincuentes, así debe acotarse la autonomía de los poderes en México, sobre todo cuando ésta se usa para abusar.
Y en ese abuso se argumenta que esas autoridades deben percibir grandes sueldos para evitar la tentación de ser corrompidos, entonces, si son vulnerables a la corrupción no tienen derecho a estar en una posición que lo exige de entrada es honorabilidad y honestidad.
Si eso se gasta del erario público para mantener gente que ya no está en activo en la federación, a cuánto ascenderá la erogación en los municipios y Estados en estos mismos rubros.
Sería interesante que los tamaulipecos podamos conocer cuánto se destina del presupuesto para la pensión, si es que existe, porque lo desconocemos, para ex gobernadores.
La transparencia de aquí que se presume, aún no llega a esos niveles.
En Tamaulipas ignoramos cuántas personas trabajan en asuntos personales de ex funcionarios o funcionarios en activo, cuyos sueldos son pagados de la nómina oficial, o sea de nuestros impuestos.
Pero sí podemos constatar al menos porque lo vemos en Ciudad Victoria, cómo empleados de gobierno son destinados a tareas personales de funcionarios de primer, segundo y hasta tercer nivel.
Esos sueldos que deberían salir del bolsillo de los funcionarios porque se trata de empleados a su servicio personal, se obtienen de la nómina gubernamental, y como dice el título de la columna: Oiga, pero si ese dinero es de todos.
Y como es de todos, tenemos derecho a saber en qué se gasta el presupuesto estatal y municipal.
Recuerdo que un funcionario de tercer nivel tenía cuatro empleados a su servicio, uno era su chofer, el que llevaba y traía a sus hijos, dos secretarias y una empleada doméstica que le limpiaba su casa y le preparaba comida y todos cobraban en gobierno.
Pues así qué sencillo, lo mantiene el gobierno y mantiene a todos sus empleados, mayor comodidad no pudiera recibir.
Revisar todos estos rubros de gastos ilegales es impostergable, no sólo por el momento de crisis económica que se vive, sino porque los tamaulipecos tienen necesidades desde hace años que no han sido resueltas por los gobiernos, ya que el dinero se ha malgastado en mantener una clase política haragana y abusiva.
LEY ANTICHAPULIN
En Baja California Norte y en Baja California Sur el Congreso aprobó una ley que prohíbe a quienes son electos a un cargo popular renunciar a él para brincar a otra posición política.
Esto viene a colación porque durante esta elección federal más de 248 aspirantes a candidatos a una diputación, usarán ésta de columpio para incorporarse el año entrante a otra campaña política en busca de una gubernatura, alcaldía o diputación local.
En Tamaulipas en estos momentos es un sueño pensar que el Congreso emita una ley similar a la de las Baja Californias, aunque no estaría mal ¿no cree?
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