Enrique Peña Nieto se tambalea. Por dondequiera le llueven granadazos que cimbran la estabilidad de su gobierno. Los dinosaurios de los que se rodeó para trabajar en el sexenio de nada le han servido. El caso de los desaparecidos en Iguala, Guerrero, sigue vomitando fuego. Desde todas las latitudes del orbe la atención sigue enfocada sobre México y la violencia.
Uno de esos dinosaurios, el presidente del PRI, César Camacho, ya no halla cómo atajar los obuses que le están llegando al partido tricolor a nivel nacional, y en pleno año de elecciones de medio tiempo. El otro dinosaurio, Miguel Ángel Osorio Chong, se sigue debilitando frente a la proyección de Luis Videgaray, a pesar de la tremenda oposición que sigue enfrentando por la reforma reforma fiscal y por la caída económica de México.
Para colmo, el dinosaurio de la Secretaría de Energía, Pedro Joaquín Coldwel, apenas ha podido sobrevivir a los ataques sobre un posible conflicto de intereses de él y de su familia con negocios conectados a su ministerio.
Pero el que no tiene perdón de Dios es el dinosaurio ubicado en la PGR (Procuraduría General de la República), Jesús Murillo Karam, pues se ha enredado y hasta “cansado” con la investigación obligada sobre los 43 normalistas de Ayotzinapa y su destino final, pues ha acusaciones serias de que este hombre ha estado manipulando la información con fines politicos, como lo ha denunciado el Padre Alejandro Solalinde.
El gobierno, dice el sacerdote activista, ya tiene la información completa pero la sigue dosificando para no afectar internacionalmente al Presidente Peña Nieto, y ha convertido ese juego perverso de datos en un martirio para los papás y demás familiares de los desaparecidos.
Por eso ahora también la PGR debe cargar con la sospecha de no haber actuado a tiempo contra el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca y su esposa, plenamente comprobada su relación con el narco en Guerrero, pues las denuncias públicas vinieron a tiempo de parte inclusive de la iglesia, la asociación de comerciantes y de rivales políticos dentro del mismo Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Mayúsculo pecado de omisión derivó en este mayúsculo escándalo. Aunque hay alguien que tipifica esta conducta de las autoridades estatales y federales hasta como una complicidad. Peña Nieto y su gente se hicieron de la vista gorda, como se dice coloquialmente, y no actuaron a tiempo ni siquiera para conminar al entonces gobernador Ángel Eladio Aguirre Rivero a fin de que se pusiera las pilas y motivara la acción de la justicia, pues había señalamientos de los asesinatos cometidos por José Luis Abarca y de su enorme corrupción traducida en bienes materiales ostentosos de la noche a la mañana.
Sin embargo, ese pecado de omisión sigue vigente ahora que las autoridades dejan a los vándalos encapuchados hacer de la suyas con el pretexto de exigir justicia. Y la violencia es una hidra que sigue enredando a muchos inocentes inclusive que sufren los desmanes de los “anarcos” simplemente por tener un pequeño capital invertido en un centro comercial.
Así es que ante esos pecados de omisión de los gobiernos, no queda más que preguntar a los responsables que buscaron con afán el poder: ¿Hasta cuándo?, ¿hasta cuándo?…
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