La Presidenta de Chile, electa por segunda ocasión, enfrentó con mucha entereza la acusación de intereses en conflicto que se le endilgó a su hijo y para pronto apagó el escándalo con un frente plural para atacar la corrupción. Y Michelle Bachelet se ganó la confianza de su pueblo con el consejo integrado por expertos de todas las tendencias partidistas.
Y qué decir de Dilma Roussef en Brasil que resintió su tremenda baja en la popularidad debido a las protestas multitudinarias en las calles el fin de la primera quincena de marzo por la corrupción en Petrobras, la mayor empresa de ese país sudamericano. La querían llevar a juicio político sus rivales y de inmediato aceptó que la justicia fuera por 47 de sus colegas partidarios acusado de sobornos, empezando por tres gobernadores e incluyendo al tesorero del oficialista Partido de los Trabajadores.
En cambio, en Venezuela como en México la respuesta es muy distinta. En Caracas, Nicolás Maduro buscó la gracia de la Asamblea Nacional para que lo revistiera de poderes especiales a fin de seguir persiguiendo a sus opositores y encarcelando a los líderes sociales más distinguidos en las organizaciones de manifestaciones callejeras. Y aquí en México ya sabemos cómo se las gasta el gobierno federal para deshacerse de una voz crítica como Carmen Aristegui, tendiéndole una trampa en la que cayó ingenuamente la comunicadora al grado de cerrar la vía del diálogo con su patrón en MVS Radio.
Claro que los súper poderes del sucesor de Hugo Chávez en Venezuela suenan a ridículo por la forma en que gobernará por decreto hasta el 31 de diciembre, pero el mandatario lo justifica por declarar Estados Unidos que ese país sudamericano representa una amenaza a su seguridad nacional, ordenando sanciones contra siete funcionarios por supuestas violaciones a los derechos humanos y presuntos actos de corrupción. Pero en el fondo la llamada “ley habilitante” le permite a Maduro desviar la atención de su pueblo en torno al fracaso de su economía y le permite un mayor control de las masas.
En nuestro país, ya sabemos, se recurre al disimulo de la corrupción y se hace una declaración hipócrita desde el poder para pedir una reconciliación de Aristegui con la empresa radiofónica, queriendo hacer ver que Enrique Peña Nieto y su vocero Eduardo Sánchez no tuvieron nada que ver con el despido de la famosa periodista, a quien consideran –en el comunicado oficial– parte de la necesaria pluralidad en los medios por haberse ganado un lugar en la crítica en gran parte de la opinión pública.
Sin embargo, el engaño no ha prosperado porque la mayoría de la gente ya sabe de donde pudo venir la orden de callar el micrófono de Aristegui para que no siga fastidiando con la secuela de las investigaciones acerca de la “Casa Blanca” y de otras casotas del propio Peña Nieto y de su Secretario de Hacienda Luis Videgaray. Y la sospecha tiene sustento.
Pero no solamente se trata de estos bienes inmobiliarios los que iban a encontrar cauce en las investigaciones del equipo de MVS Radio sino los negocios por 113 millones de dólares que hizo con Pemex la empresa Mantenimiento Express Marítimo (Mexmar), encabezada por Alejandro García Bejos, quien pertenece a una familia mexiquense ligada al PRI, lo que explica, igualmente, que otra compañía de esta familia, en alianza con la portuguesa MotaEngil y en ocasiones con la española Scyr, también haya ganado en el actual sexenio contratos por 13 mil 608 millones de pesos por licitaciones a modo a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cuyo Secretario es alguien que viene del gobierno mexiquense con Peña Nieto, es decir, el famoso Ruiz Esparza.
Alejandro García Bejos, la cabeza visible de Mexmar, es hermano de Javier García Bejos, Secretario del Trabajo del Estado de México y ex director del Aeropuerto Internacional de Toluca, quien hace algunos años fungió como director de la constructora Grupo Prodi, propiedad de su primo José Miguel Bejos. Así es que cómo quieren que la gente no piense por qué estos tipos y sus aliados han ganado otros contratos como uno por 4 mil 500 millones de pesos para hacer la autopista Siervo de la Nación en el Estado de México.
Ni le despistan. Todo porque aquí no es Chile ni Brasil para responder a los reclamos de limpieza en la administración pública, aunque tampoco México es Venezuela como para temer que Peña Nieto solicite al Congreso poderes especiales para hacer de las suyas. Ya los tiene. Y el sistema autoritario en que se fundamenta su mandato sabe dar una palmadita en la espalda con la mano derecha y un gancho al hígado con la zurda. Y, si no, que lo diga Carmen Aristegui.
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