En lo personal no puedo decir que me sorprende que el PRI y sus cómplices ¡perdón! Aliados en la Cámara de Diputados hayan aprobado la nueva Ley de Seguridad Interior que, entre otras cosas, finalmente otorga al Ejército las atribuciones legales para participar en labores de seguridad pública.
No me sorprende pues la creación de esta ley era una exigencia que las fuerzas armadas habían estado realizando desde hace dos sexenios y los gobiernos tanto panistas como priistas habían postergado por cumplir.
Es cierto, esta ley no aporta nada nuevo, sólo legaliza lo que es una realidad en nuestro país desde hace 12 años y es que los soldados y marinos son los verdaderos responsables de combatir la delincuencia en nuestro país.
Más allá de los riesgos al respeto de los derechos humanos que representa que el Ejército y la Marina se embarquen en este tipo de labores, lo realmente triste de la aprobación de esta ley es que representa la aceptación del gobierno mexicano que ha fracasado en su lucha contra la delincuencia.
Aprobar esta ley es reconocer que más allá de (fallidas) estrategias de seguridad, la creación de Policías Federales, Gendarmerías y Mandos Unidos, no han podido detener el aplastante avance de los criminales en México.
Darle al Ejército las atribuciones legales que tanto estaba pidiendo, es ceder a las fuerzas armadas la responsabilidad de detener a los delincuentes que a diario se están apoderando del país.
El PRI no tiene nada que celebrar con haber autorizado esta nueva Ley de Seguridad Interior, al contrario.
Al hacerlo, reconoce su incapacidad para darles protección a los ciudadanos, su ineptitud para detener el avance de los delincuentes, su indolencia para evitar que cada vez más territorios vayan cayendo ante el crimen.
Hoy, con esta nueva legislación, reconocen que han fallado, que su estrategia fue un fracaso, que no sirven para ofrecerle seguridad a los mexicanos.
Y así quieren seguir gobernando.
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