Hoy resolverán la situación jurídica de Eugenio Hernández Flores. Supongo que le notificaran la resolución después del horario de oficina para que en la audiencia solo estén presentes las partes, aunque eso no impedirá aglomeración de reporteros que estarán a la caza de la noticia.
En Tamaulipas es la primera vez que la libertad de un ex gobernador está en manos de un juez. Se infiere que desde ayer ya decidió y hoy, si no es que desde anoche, comenzó a darle forma al acuerdo.
El asunto no tendría mayores complicaciones si no fuera porque también las tiene políticas y con efectos en el tradicional modo y forma del quehacer público, cuya práctica, todos sabemos, propicia -salvo honrosas excepciones- el enriquecimiento de los gobernantes, algo que en algunos segmentos sociales se ve como natural por las 32 entidades federativas.
Pero en lo estrictamente legal, el fiscal tendrá que probar ante el juez, que las 1,600 hectáreas que en el 2002 se vendieron -ya mero a un precio simbólico-, estaban en administración o bajo el dominio de Eugenio Hernández, es decir, tendría que ser el fideicomisario del fideicomiso Nuevo Santander que administraba los terrenos de Altamira, propiedad del gobierno de Tamaulipas, para configurar el peculado.
Y en cuanto al cargo de lavado de dinero, abundante investigación financiera tendrá que haber para que esté probado el origen ilícito de los 16 millones de pesos con que se compraron las 1,600 hectáreas, una venta que aprobó hasta el Congreso del Estado, lo que le da formalidad a la operación y por ende licitud.
Sin embargo, el hecho de que en un momento dado no acrediten los elementos constitutivos de los delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita, ello no impide que el juzgador, al advertir otro tipo de hechos delictuosos, haga una reclasificación y dicte formal prisión por los que considere que sí están probados, como pudiera ser el de ejercicio abusivo de funciones, uso indebido de atribuciones y facultades o el de enriquecimiento ilícito y fraude para los particulares que intervinieron.
Pero para no especular en un asunto del que por razones obvias solo saben cómo está el fiscal anticorrupción, el abogado defensor y el juez, mejor a esperar, ya se sabrá qué decidió éste último, su resolución tendrá efectos en lo político y en el modo y forma de practicar el servicio público.
Que tengan todos un buen día.
