Los lamentables acontecimientos que sucedieron en la comunidad de Texcapilla, del municipio de Texcaltitlán, en el Estado de México el pasado 8 de diciembre, son la muestra más palpable del fracaso de la política nacional para combatir la inseguridad.
Los habitantes de este poblado agrícola que se ubica a escasos 40 kilómetros de la ciudad capital, Toluca, cansados de que las autoridades no hagan nada para contener al crimen organizado, decidieron poner un alto al cobro de piso que cada temporada de siembra les pedía una célula criminal, con el desenlace fatal de tres integrantes de la comunidad y once miembros del cártel sin vida.
Si bien es entendible que la política oficial es atender las causas y no sólo combatir los efectos de la inseguridad a través de diversos programas sociales, no se debió nunca dejar de combatir a los delincuentes, quienes gradualmente se han apoderado de territorios completos y las carreteras del país, cobrando el derecho de piso a cuantos negocios y transportes de mercancías encuentren a su paso.
La seguridad y la paz no son privilegios, son derechos fundamentales que los tres órdenes de gobierno están obligados a proporcionarnos, porque cada individuo tiene derecho a vivir y trabajar en un ambiente seguro, libre de miedo y violencia.
La presencia de la delincuencia organizada y la extorsión en nuestras comunidades es una violación de estos derechos fundamentales, ya que el Estado se niega a ejercer el uso de la fuerza para meter orden.
En lugar de que el Ejército y la Guardia Nacional patrullen el territorio nacional, en coordinación estrecha con las policías estatales y municipales, los soldados están en aduanas, en la refinería, administrando el espacio aéreo, construyendo el Tren Maya y en infinidad de cosas más que están lejos de la función esencial de las fuerzas armadas, que es el de garantizar la seguridad de las y los mexicanos y la soberanía nacional, ambas funciones las evaden para dejar al crimen organizado a cargo de ambas tareas.
Es desgarrador que los ciudadanos se vean obligados a tomar las armas para proteger sus vidas y sus medios de subsistencia de la extorsión y la violencia. Este no es el México que queremos. Este no es el México que nuestros hijos merecen.
La paz no es negociable, esta es una verdad que todos los gobiernos deben aprender. Es urgente que el Estado vuelva a tener el monopolio de la violencia y no permita que hechos, como los sucedidos en Texcapilla, se repliquen en otras partes de nuestro México.
A las candidatas y candidatos que aspiran a un cargo de elección popular les debe quedar claro que urge un compromiso sostenido y a largo plazo para erradicar la violencia y la extorsión en nuestras comunidades. Quien presente el mejor plan para devolver la paz, la tranquilidad y la justicia al país será quien obtenga la confianza ciudadana, traducida en votos.
