Ahora que las críticas arreciaron contra el gobierno federal por el alto índice de homicidios, es pertinente señalar que el baño de sangre en que vivimos está presente desde antes que Felipe Calderón decidiera sacara a los militares de los cuarteles, recordemos que durante el gobierno foxista ya teníamos problemas serios de asesinatos y secuestros (donde la prueba de vida era una oreja o un dedo).
El despliegue militar sin una preparación y estrategia definida solo agudizó el caos en que estaba el país. El propio Calderón después de dejar el poder admitió que primero debió depurar las policías y mejorar sus condiciones, antes de sacar a los soldados a combatir los grupos delictivos en las calles, exponiendo a la población inocente a ser contabilizados sus muertos con la frase aséptica de “daños colaterales”.
A través de los años hemos visto como los integrantes de la delincuencia organizada han ido mutando de traficantes de personas y drogas ilegales, al secuestro, la extorsión, el cobro de piso y hace poco más de un lustro al robo de combustible.
Las modalidades delictivas se han ido adaptando al ambiente, mientras las autoridades intentan poner freno en alguna de éstas, surge una nueva forma de obtener dinero ilícito que sustenta las actividades de los grupos delincuenciales.
Como observadora de nuestra realidad está más que claro que el abordaje de esta problemática no da los resultados definitivos que la sociedad mexicana reclama a los últimos tres presidentes, incluyendo a Andrés Manuel, pese a su manera de sacudirse la responsabilidad echándole la culpa a sus antecesores (algo que sucede en Tamaulipas con el actual gobierno panista).
Durante una visita de Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública a Tamaulipas, se le expuso la necesidad de atender la inseguridad con medidas acordes a la realidad de esta entidad.
Está claro que aunque los grupos delictivos tienen similitudes en su forma de operar, también presentan diferencias dependiendo del territorio porque Tamaulipas no es Veracruz, Michoacán o Guerrero.
Para el caso de Tamaulipas se requiere actuar conforme a las necesidades regionales, identificar a los grupos delictivos, su diseminación por la superficie tamaulipeca, sus operaciones en esta entidad fronteriza, sus nexos con otras organizaciones y su relación con las autoridades de los tres niveles de gobierno, porque la colusión es uno de los obstáculos que impiden terminar con la impunidad. En pocas palabras se requiere un reconocimiento de la realidad.
Y sobre esa base establecer un plan de acción efectivo. Tamaulipas podría formar parte de un plan piloto que sirva de muestra sobre cómo eliminar el embate delictivo, aunado a un trabajo preventivo de las violencias conducido de manera profesional, no mediante ocurrencias.
Es un secreto a voces que en Tamaulipas la extorsión se ubica prácticamente en todo el territorio, así como el cobro de piso. Los citricultores, los ganaderos, los empresarios, los pequeños propietarios, hasta los vendedores ambulantes, todos son presa de la delincuencia.
La falta de acción efectiva por parte de las autoridades inhibe la denuncia. Nadie se quiere arriesgar a señalar a su extorsionador o a su secuestrador porque se teme por su seguridad y la de su familia.
La cifra negra de delitos cometidos en Tamaulipas y en el país es mucho más alta que la reportada. Y ese dato no lo desconocen las autoridades.
Por ello se insiste, requerimos un traje a la medida de cada estado y cada región. Crear la Guardia Nacional les llevará muchos años, la sociedad no puede esperar indefinidamente. Urge más acción y menos palabrería.
derrotero@hotmail.com
@derrotero_mx
