Buenos Aires, Argentina.-
El nuevo diagnóstico médico, que descartó que tenga cáncer, ayudará a la presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, a retomar sus funciones antes de lo previsto. La semana próxima suspendería su licencia para ponerse al frente, nuevamente, del gobierno, principalmente del ajuste que ya comienza a generar incertidumbres y quebraderos de cabeza a los diseñadores de políticas en el gobierno.
Reclamos salariales, amenazas de huelga general, protestas por el alza en el precio de transporte, o los disturbios en la Patagonia por el anuncio de despidos son algunas de las primeras consecuencias del ajuste anunciado por el gobierno en noviembre. La puesta en práctica de las tarifas sin subsidios del Estado congeló los ánimos de un buen sector de la sociedad cuando las facturas de gas y energía llegaron con aumentos de más de 100%.
“Estamos en verano, con temperaturas de casi 40 grados y pagué 890 pesos de gas (210 dólares). Cuando tengamos temperaturas de tres grados, en invierno, voy a pagar más de 2 mil pesos (445 dólares) y entre mi mujer y yo juntamos por mes 7 mil 800 pesos. Y aún falta contabilizar el aumento de la energía y del transporte”, explica Julián Venegas, un joven de 32 años, vendedor en una zapatería de Palermo.
El boleto del metro, que acaba de pasar a manos del gobierno de la ciudad, pasó de 1.1 pesos a 2.5. ¿El resultado? Desde hace una semana, el sindicato del sector libera el ingreso a los andenes, como una medida de protesta por el aumento y en reclamo de incrementos salariales.
En problemas
En materia salarial, las centrales sindicales comenzaron a sintonizar la misma frecuencia. No importa si en los últimos años estuvieron más cerca o más lejos del régimen de los Kirchner. La Confederación General del Trabajo (CGT) de Hugo Moyano, en pleno proceso de divorcio con el gobierno, y la opositora Central de Trabajadores Argentinos (CTA), que conduce Pablo Micheli, acordaron buscar fórmulas conjuntas de lucha en contra de la inflación y del ajuste, cuya meta podría ser una huelga general conjunta en los próximos meses.
El anuncio se produjo cuando la presidenta pasaba los últimos minutos en el Sanatorio Austral y deja entrever que los próximos meses no serán tranquilos. Esa unión no sólo es motivada por el 33% de inflación de 2011 (aunque, oficialmente, no superó el 8%) y por exorbitantes aumentos de tarifas tras suspender los subsidios, sino por el decreto que la presidenta había firmado el 31 de diciembre ordenando revisar los salarios de 300 mil burócratas, para limitar los adicionales.
“Sólo hay que ver lo que pasó en Santa Cruz a fin de año para poder entender cuál es el nivel del ajuste y lo que puede pasar en el país en los próximos meses”, explica el economista Adolfo Prat Gay.
Fue en Santa Cruz, el feudo de los Kirchner, donde el gobernador Daniel Peralta envió a la Legislatura un programa de ajuste que contemplaba el despido de miles de trabajadores. Las protestas por el mal manejo del tema, que terminaron en una ruptura en las filas del oficialismo, se saldaron con 21 manifestantes heridos.
Lo de Peralta estaba en sintonía con lo del asesinado gobernador de Río Negro, Carlos Soria, quien antes de morir a manos de su esposa, el primer día del año, había firmado el despido de 4.3 mil empleados públicos y tenía en carpeta llevar ese número a 22 mil para equilibrar las cuentas públicas de la provincia.
Su reemplazante, Alberto Werentilnek, ya ratificó los planes. Lo que no dijo fue cómo los va a llevar a cabo sin ocasionar un conflicto social.
“Nosotros siempre fuimos kirchneristas. Yo principalmente, pero la representación no me la da Cristina ni nadie del gobierno, me la dan los trabajadores y a los trabajadores el sueldo hoy no les alcanza, porque se lo comen la inflación y el aumento de las tarifas”, explicó a este corresponsal Julio Piumato, secretario de Derechos Humanos de la CGT, para justificar la protesta social que él considera “inevitable si seguimos así”.
Y en medio de toda esta crisis, la sequía y la grave situación de los productores que volvió a elevar la tensión entre el gobierno y el sector, en vista de que la cosecha de maíz está prácticamente perdida y de que la de soya en problemas a causa del clima, lo que podría ocasionar un perjuicio por 3 mil millones de dólares, según analistas privados.
Esos cálculos precisan que en lo que respecta al maíz, de los 30 millones de toneladas esperadas para esta cosecha habrá, con suerte, 20 millones, y que la cosecha de soya, que se esperaba en 52 millones, será de 44. Eso equivaldría a una reducción en las exportaciones de 5.8 mil millones de dólares y una merma en la recaudación de casi 1.7 mil millones de dólares. Un obstáculo con el que el gobierno no contaba en estos tiempos de ajuste.
“El gobierno debería ser socio en las pérdidas como lo es en las ganancias del campo, cuando las cosechas son excelentes y se baten records de exportación”, se quejó Eduardo Buzzi, titular de la Federación Agraria Argentina, y a quien el gobierno acusa de “dramatizar la situación”.
Tal es el panorama con el que deberá lidiar la presidenta cuando, saludable y con nuevos bríos, vuelva a sentarse a su despacho y retome sus funciones institucionales, en un país con más problemas de corto plazo que los que ella dejó al internarse.
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