Caracas, Ven.-
El proceso para suceder al fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en las elecciones del 14 de abril, arrancó como una carrera de 100 metros planos, con la requerida mezcla de velocidad y fuerza de los dos grandes contendores, y un claro favorito.
La gran opción es Nicolás Maduro, de 50 años, presidente encargado y
excanciller, dirigente estudiantil de izquierda, chofer de autobús y
sindicalista, designado por Chávez (1999-2013) en su última aparición
pública, el 8 de diciembre, como su heredero político.
Maduro representa al gobernante e izquierdista Partido Socialista
Unido de Venezuela (PSUV) y a pequeñas organizaciones aliadas, como el Partido Comunista.
El contendor es Henrique Capriles, un abogado de 40 años, dirigente
del partido centrista Primero Justicia y gobernador del central
estado de Miranda, a quien Chávez derrotó el 7 de octubre, con 55 por
ciento de los votos contra 45.
Lo apoya la Mesa de Unidad Democrática, un arco de más de 20
organizaciones que van desde la izquierda hasta la derecha. También
presentaron sus nombres otros seis candidatos menores.
La elección fue convocada el sábado 9, los aspirantes dispusieron de
unas pocas horas para inscribirse, y la campaña formal, en este país
de 916.000 kilómetros cuadrados, 24 regiones con 333 municipios y
18,9 millones de electores, durará apenas 10 días, del 2 al 11 de
abril.
Los candidatos deberán multiplicarse en tiempo tan breve para
intentar sostener, e incluso incrementar, los caudales electorales de
octubre, antecedidos de una maratónica campaña de muchos meses: 8,1 millones de votos para Chávez y 6,5 millones para Capriles.
La Constitución determina que si se produce la falta absoluta de un
gobernante en los cuatro primeros años de su mandato, deben
convocarse nuevas elecciones en 30 días.
“Tiene un sabor de segunda vuelta (inexistente en Venezuela), después de que el chavismo logró triunfos consecutivos en la elección de octubre y en la de gobernadores regionales del 16 de diciembre”, dijo a IPS el analista Manuel Felipe Sierra.
“El problema político fundamental, que a Chávez le suceda un
presidente elegido por voto popular, tiende a resolverse. Otro es que
se llega al proceso con déficit de transparencia”, agregó Sierra.
El politólogo Nicmer Evans, simpatizante del chavismo y docente de
estudios internacionales en la Universidad Central, destacó que de la
mano de la fuerte simbología “ahora sí nace lo que se llama el
chavismo, propio de la era pos Chávez”.
El envión político que significa la solidaridad con la causa del
presidente fallecido es tan fuerte, según Evans, que Maduro “podría
sacar un porcentaje de votos más alto que el obtenido por Chávez en
octubre, y la oposición resignarse a acumular fuerzas para quizá
dentro de unos años pedir una revocatoria de su mandato”.
Para el sociólogo y profesor del doctorado en ciencias políticas de
la misma universidad, Carlos Raúl Hernández, Venezuela vive estos
días “una estrategia concebida para propiciar el triunfo del
gobierno”.
Hernández se sumó a denuncias de académicos y dirigentes opositores sobre que el Tribunal Supremo de Justicia falló contra la letra constitucional cuando, tras la falta absoluta de Chávez, dirimió que Maduro “pueda ser a la vez presidente (encargado) y candidato”.
La presidenta del máximo tribunal, Luisa Estela Morales, replicó el
martes 12 que la designación de Maduro como presidente encargado
“está plenamente apegada a la Constitución”, que no permite vacíos de poder.
“Otro atropello al orden constitucional es que el ministro de
Defensa, almirante Diego Molero, llame a ‘darle en la madre’ (golpear
profundamente, en jerga callejera) a la oposición”, agregó Hernández.
En Venezuela los militares tienen derecho al voto y 141.000 de ellos
serán desplegados para custodiar los centros de sufragio en los
comicios de abril. Pero la Constitución pauta que la Fuerza Armada es
una institución “al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso
al de persona o parcialidad política alguna”.
“La palabra más usada durante la campaña será ‘Chávez’. Maduro se
presentará como su hijo, defenderá al líder, su legado, el último
testamento y la revolución”, dijo a IPS el director de Datanálisis,
Luis Vicente León, una de las firmas que con más exactitud
proyectaron los resultados de octubre.
El comando de campaña oficialista fue bautizado “Hugo Chávez” e
integrado en su mayoría por ministros.
Tras el deceso del mandatario, los líderes del PSUV decidieron portar
en su homenaje un brazalete con los colores de la bandera (amarillo,
azul y rojo). Los miembros del alto mando militar y las máximas
responsables de los poderes Judicial y Electoral se sumaron a este
gesto.
“El chavismo se juega no solo la permanencia en el poder, sino
mostrar su fortaleza y que el legado de Chávez permanecerá en el
tiempo”, estimó el politólogo Ángel Álvarez.
La oposición, por su parte, “pone en juego la necesidad de mostrar
que es una mitad del país que no puede atropellarse y además
alternativa de poder. Por eso unos y otros buscarán obtener aunque
sea un voto más que los conseguidos en octubre”, opinó.
En una campaña que será muy mediática y cargada de símbolos, por el poco tiempo para recorrer el territorio, la oposición denominó su
comando “Simón Bolívar”.
El financiamiento de partidos y campañas corre por cuenta de
particulares, y en teoría la principal fuente es la cotización de la
militancia. Varios diputados opositores son investigados por fondos
recibidos de empresas privadas, mientras algunas de estas han
indicado presiones a la prensa.
La Constitución señala que “no se permitirá el financiamiento de las
asociaciones con fines políticos con fondos provenientes del Estado”
y desde 2010 una ley prohíbe recibir dinero del exterior.
Opositores han denunciado el uso de recursos públicos por
funcionarios desdoblados en candidatos o dirigentes de campañas
oficialistas.
“La oposición, con escasos recursos frente al poder del Estado, no
tenía otra alternativa que concurrir a este proceso. La experiencia
de 2005 fue fatal”, dijo Hernández.
En 2005, los opositores se abstuvieron de participar en los comicios
parlamentarios. Como resultado, el oficialismo ocupó todos los
escaños, sin que se registrase ninguna hecatombe institucional o
política.
“Si los oponentes no participasen, los poderes electos igualmente van
a funcionar y la oposición prácticamente desaparecería”, concluyó
Hernández.
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