Ciudad del Vaticano.-
El portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, confirmó que hoy iniciaron los interrogatorios formales a Paolo Gabriele, el mayordomo y único imputado por la filtración a la prensa de documentos confidenciales del Papa.
En un encuentro con periodistas, en la sala de prensa de la Sede Apostólica, el sacerdote jesuita informó que durante el procedimiento estarán presentes, entre otros, los abogados del “ayudante de cámara” del pontífice, Carlo Fusco y Cristiana Arru.
“Esta mañana comenzaron los interrogatorios formales, no sé decir cuánto pueden durar pero les puedo anticipar que no tendré información para dar sobre el contenido, porque evidentemente están cubiertos por el secreto de oficio”, dijo.
Por ahora Gabriele está acusado del delito de “robo agravado”, luego de haber sido arrestado por la Gendarmería Vaticana la tarde del 23 de mayo tras una inspección en su casa que dio como resultado el descubrimiento de documentos reservados del Papa.
El proceso judicial en su contra, que avanza en los tribunales civiles vaticanos, se encuentra en la fase de “instrucción formal”, momento en el cual se recogen todos los elementos para soportar las acusaciones.
Las diligencias son coordinadas por el juez instructor Piero Antonio Bonet, quien debe analizar todos los elementos para decidir si, finalizada la etapa actual, decide mandar a juicio al mayordomo o ponerlo en libertad por falta de pruebas.
Las veces de ministerio público (fiscal) las cumple Nicola Picardi, cuyo puesto en la jerga judicial pontificia se conoce como “promotor de justicia”.
Por otra parte, el juez vaticano Paolo Papanti-Peletier precisó que, según el código penal vigente en el Estado pontificio (que data de 1889), de ser encontrado culpable de “robo agravado” podría afrontar una pena de dos a ocho años de cárcel.
Pero no descartó que a ese delito puedan sumarse otros como, por ejemplo, “revelación de secretos de Estado” (uno a tres años de prisión), “posesión y distribución de material robado” (hasta dos años) o “asociación para delinquir” (uno a cinco años).
De acuerdo con los Pactos Lateranenses, firmados entre Italia y El Vaticano en 1929, el sistema judicial del “país más pequeño del mundo” está regido por los mismos códigos del Estado Italia.
Así las cosas el código penal vigente en territorio papal es el conocido como “Zanardelli”, de 1889, mientras el código de procedimientos penales data de 1931 y es conocido como “Finocchiaro Aprile”.
Papanti-Peletier participó del mismo encuentro de Lombardi con los periodistas y dio respuestas genéricas sobre los procesos judiciales dentro de las murallas vaticanas. Aclaró que, por ahora, no se encuentra directamente involucrado en el proceso “vatileaks”.
Por lo pronto a Paolo Gabriele se le acusó de robo con dos agravantes: por un lado su cercanía con el Papa con la consecuente posibilidad de frecuentar su habitación cotidianamente y, por el otro, la posibilidad de más personas involucradas en el delito.
Aunque la actual fase de instrucción no es pública y, por lo tanto no se pueden conocer detalles de los interrogatorios, si el mayordomo es enviado a juicio el proceso será público y se llevará en un aula abierta del tribunal ubicado dentro de los Jardines Vaticanos.
Esto siempre que el Papa Benedicto XVI no decida intervenir, porque dentro de sus prerrogativas se encuentra la de frenar el juicio y conceder el indulto.
Discussion about this post