Washington, D.C. / Agosto 25.-
La organización Human Rights Watch (HRW) documentó hoy 15 casos de abuso, acoso y hostigamiento contra mujeres y menores de edad recluidos en centros de detención migratoria de Estados Unidos, y pidió reforzar la protección a las detenidas.
Guardias en centros de detención de Texas, Florida, Nueva York, California y el estado de Washington abusaron de más de 50 mujeres, e incidentes que incluyeron manoseos, registros, hostigamiento verbal y una violación documentados.
Su reporte “Detenidas y en Riesgo: Abuso Sexual y Acoso en los Centros de Detención Migratoria de Estados Unidos” sostiene que los incidentes datan desde la existencia del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) y han proseguido con la Oficina de Servicios Migratorios y Aduanales (ICE).
En 2008, cinco mujeres detenidas en el Centro de Procesamiento de Puerto Isabel, en Texas, fueron atacadas sexualmente por el guardia Luis Loya, quien ingresó a sus celdas y tocó sus partes íntimas bajo el argumento de que eran órdenes médicas.
Loya, quien era empleado de un contratista privado, fue sentenciado a tres años de prisión.
Un año antes, una residente legal de origen jamaiquino fue transportada entre dos centros de detención de migrantes, pero en el trayecto el agente a cargo del ICE la llevó a su casa y la violó. El agente fue sentenciado a siete años de prisión.
Sólo en el año fiscal 2009 fueron detenidas 382 mil personas, un aumento de 64 por ciento en relación con 2005. Del total un nueve por ciento son mujeres. En promedio, un total de 31 mil personas se encuentran detenidas al día en los centros de detención migratoria.
Human Rights Watch (HRW) sostuvo sin embargo que en muchos casos las mujeres objeto de abuso o acoso no reportan los incidentes por temor a represalia.
Por ejemplo, citó el caso de la mujer jamaiquina violada fue reportado a las autoridades por la compañera de celda a quien había contado la historia.
Aunque el ICE anunció medidas para aumentar la protección de las detenidas y evitar los abusos, HRW expresó su preocupación de que los cambios que propone el ICE tengan un impacto limitado si sólo introduce modificaciones a sus normativas.
En ese sentido, lamentó que el ICE se ha negado a implementar regulaciones legalmente vinculantes para lidiar con los problemas de las condiciones en los centros de detención.
“El ICE finalmente ha reconocido la necesidad de una mayor protección contra los abusos sexuales para las personas en centros de detención, pero necesita ponerse al día rápidamente”, dijo Meghan Rhoad, investigadora de la división de Derechos de la Mujer de Human Rights Watch.
Pero “necesita implementar nuevas normas y asegurarse de que tengan el peso suficiente para garantizar que los cientos de centros de detención en todo el sistema las cumplan”, añadió.
Entre los cambios propuestos por el ICE incluyen medidas de prevención como la prohibición de que los guardias puedan registrar a personas detenidas del sexo opuesto, y la imposición de restricciones sobre cuándo pueden trasladar a personas detenidas del otro sexo.
El ICE también planea publicar un protocolo de detenciones revisado sobre abusos sexuales que incluirá mejoras en los procedimientos médicos requeridos en casos de violación y mejores trámites de recopilación de información sobre incidentes de abusos.
Pero HRW insistió en que son necesarias otras mejoras para limitar los registros innecesarios de las personas detenidas y asegurarse de que las víctimas de abuso sean informadas sobre la disponibilidad de visados que les permitirían permanecer en Estados Unidos.
“Otorgar a los estándares de detención la fuerza vinculante de una ley es primordial para remediar una serie de abusos”, señaló Rhoad. “La reticencia del ICE en este punto comunica un mensaje equivocado a los centros de detención y a las personas detenidas que se encuentran bajo su custodia”.
Un informe de la Comisión Nacional de Eliminación de Violaciones en las Prisiones documentó que personas inmigrantes detenidas enfrentan condiciones difíciles para denunciar abusos, incluyendo la falta de información y el miedo a quejarse contra la misma autoridad que tramita su deportación.
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