Washington, D.C.-
La decisión de la administración del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de bloquear la ley que requeriría identificación a votantes en Texas es un aviso para otros estados que busquen esa ruta, dijo hoy el diario The Washington Post.
En su principal editorial de este martes, el matutino anticipó que el próximo blanco natural del Departamento de Justicia sería Virginia, donde el Congreso aprobó semanas atrás una legislación similar que aún no ha sido promulgada.
“Memo para el Gobernador de Virginia Robert F. McDonnell: Usted podría ser el próximo”, apuntó el matutino, que calificó la ley texana como restrictiva.
El Post consideró que le legislación de Virginia tiene una motivación “puramente política”, y esta diseñada para dar a los republicanos una oposición ventajosa en un estado “columpio” de cara a las elecciones presidenciales de noviembre próximo.
La ley “haría más difícil el voto para las minorías, jóvenes y personas de edad avanzada, quienes tienden a carecer de identificación en números altos y a votar a favor de los demócratas”.
El lunes el Departamento de Justicia (DOJ) objetó la ley en Texas argumentando que podría tener “propósitos o efectos” discriminatorios en contra de los electores hispanos.
Dijo que las autoridades electorales texanas fallaron en comprobar, como ordena la ley, que el cambio en el procedimiento para el ejercicio del voto no tiene “propósitos o efectos de negar o reducir el derecho al voto en consideración de la raza, color o pertenencia a una minoría lingüística”.
Texas se convirtió en el segundo estado donde el Departamento de Justicia decidió intervenir para bloquear esta ley, después de haberlo hecho en Carolina del Sur en diciembre pasado.
El Post recordó que como en las primeras dos entidades, Texas está sujeta a la Ley para Derecho al Voto, que requiere comprobar que una legislación de este tipo no tendrá efectos adversos en las minorías.
Apuntó que aunque la legislación de Virginia es más flexible que la de Texas en cuanto a los documentos que podrían ser aceptados como forma de identificación, las dudas de fondo persisten.
Consideró que más allá de estos aspectos, los votantes legalmente registrados para votar “deberían ser permitidos para sufragar sin obstáculos fabricados por el Estado”.
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