Washington, D.C. / Octubre 9.-
El presidente Barack Obama ha dicho que Estados Unidos es un país de leyes. Y, con este principio, todos aquellos que hayan llegado y se encuentren de forma ilegal en la nación, son sujetos de detención y, por tanto, de una eventual deportación.
En medio de un intenso debate a favor y en contra de una reforma migratoria y con unas cifras récord de deportaciones —más de un millón desde el inicio de la administración Obama—, la presión de las organizaciones defensoras de los inmigrantes sigue apostando por aliviar el ritmo de las deportaciones indiscriminadas de los más de 11 millones de indocumentados que viven en la Unión Americana.
El objetivo de deportar a más de 400 mil “sin papeles” por año se enfrenta, por primera vez, a los criterios discrecionales emitidos por el director de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), John Morton, desde el pasado junio.
Según estos nuevos criterios, los agentes de ICE “tienen que priorizar el uso de su personal, los espacios para detención y deportación para asegurarse de que los indocumentados que deporte representen las prioridades de la agencia”.
Entre los factores que identificó Morton desde junio pasado, para que los agentes usen su poder discrecional antes de realizar un arresto o una deportación, están los siguientes:
Se deberá tener en cuenta el tiempo que la persona lleva viviendo en EU; las circunstancias en que llegó la persona; si la persona ha estudiado en EU y se ha graduado de una escuela o va a la universidad; si tiene un pariente inmediato en el ejército; su pasado criminal; si es víctima de un crimen o de violencia doméstica; si sufre enfermedades mentales.
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