Washington, D.C. / Abril 19.-
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el multihomicidio de 145 personas cuyos cuerpos han sido exhumados de fosas clandestinas en Tamaulipas y lamentó el hecho de que este nuevo episodio se produzca a menos de un año del crimen perpetrado contra 72 migrantes centroamericanos.
“La comisión insta al Estado mexicano a esclarecer lo ocurrido, identificar a las víctimas y sancionar a los responsables, así como a adoptar en forma urgente las medidas necesarias, a fin de evitar que estos hechos sigan repitiéndose”, afirmó la CIDH mediante un comunicado distribuido después de que las autoridades mexicanas dieran a conocer la detención de Martín Omar Estrada Luna “El Kilo”, presunto jefe de plaza de “Los Zetas” y a quien se considera como el autor intelectual del asesinato de 217 personas en San Fernando, Tamaulipas.
“La CIDH insta a sancionar a los responsables materiales e intelectuales, ya sea que se trate de delincuencia organizada o de agentes del Estado en colusión con ésta”, aseguró el organismo de la OEA encargado de velar por el respeto a los derechos humanos en el hemisferio.
La CIDH se remite a los informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en los que se advierte que Tamaulipas se ha convertido en “uno de los estados con mayor número de víctimas” relacionadas con secuestros, desapariciones, tortura, violaciones.
Según el informe especial de la CNDH, en México se registraron 11 mil 333 secuestros de migrantes entre abril y septiembre de 2010.
“La Comisión Interamericana hace un llamado al Estado mexicano a adoptar de manera urgente todas las medidas necesarias para proteger a todos los migrantes en su territorio y garantizar el respeto absoluto a sus derechos humanos”, insistió al hacer eco de la condena internacional por los multihomicidios perpetrados en Tamaulipas.
En un comunicado paralelo, la oficina en Washington para Latinoamérica (WOLA) consideró que resulta “indignante que el secuestro, la desaparición y la muerte de tantos migrantes y de otras personas pueda ocurrir con pleno conocimiento y colusión de algunos miembros de la policía.
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