BOGOTÁ, COL.-
La reanudación del conflicto armado en Colombia amenaza al precario proceso de paz del país latinoamericano y la estabilidad regional, debido a su manipulación por radicales de derecha e izquierda con el objetivo de impulsar sus propios intereses políticos y económicos.
La semana pasada, una fracción disidente de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército Popular (FARC-EP) comandada por Luciano Marín Arango, mejor conocido por su nombre de guerra, Iván Márquez, anunció sorpresivamente que regresa a las armas, al acusar al gobierno conservador del presidente Iván Duque de traicionar el histórico acuerdo de paz firmado en La Habana en 2016.
En un video de 30 minutos, Márquez subrayó que “ha comenzado la segunda Marquetalia (lugar de nacimiento de las FARC) bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo a levantarse en armas contra la opresión”.
Acompañado por Jesús Santrich y otros dirigentes, Márquez aseguró que buscarán coordinar esfuerzos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el segundo mayor grupo insurgente que resta en el país.
La grabación marcó la primera aparición de Márquez en más de un año. El exjefe negociador rebelde fue visto por última vez en público en la Zona de Reincorporación Territorial de Caquetá, y es considerado el ideólogo de la guerrilla, así como su vocero internacional. En enero de este año, publicó un comunicado en el que declaró que la entrega de los arsenales fue un “grave error”.
Por su lado, Santrich (su verdadero nombre es Seuxis Paucias Hernández Solarte) fue el jefe de las divisiones de organización y propaganda de las FARC. Luego de la firma del acuerdo de paz, resultó detenido por cargos de narcotráfico y se le liberó -pese al rechazo de Duque- a fin de que pudiera ocupar su asiento en el Congreso.
Sin embargo, la semana pasada Interpol emitió una alerta roja por Santrich, a quien Estados Unidos busca extraditar por presunta conspiración para exportar 10 toneladas de cocaína.
Tras el anuncio rebelde, tratando de revivir su popularidad -64% de los colombianos desaprobaron al gobierno en una encuesta reciente de Gallup- Duque ha utilizado la belicosa retórica de su padrino político, el ex presidente Álvaro Uribe.
Se refirió a las fuerzas de seguridad como “héroes de la madre patria” y dijo que “Colombia está unida para enfrentar a esos bandidos”, en contradicción con los sondeos que indican que la mayoría cree en una solución negociada para el conflicto de 50 años que causó más de 220,000 muertos y casi siete millones de desplazados.
De inmediato, el ejército lanzó una ofensiva contra grupos guerrilleros en siete departamentos del país y creó un cuerpo de élite dedicado a la búsqueda y captura de Márquez. Su comandante, Nicacio Martínez, también confirmó que los cárteles mexicanos de las drogas intercambian armas por cocaína con disidentes de las FARC.
En reacción a los hechos, la mayoría de los partidos políticos condenaron la postura de Márquez. Rodrigo Londoño, líder del instituto surgido de las FARC, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, resaltó que más de 90% de los antiguos rebeldes siguen comprometidos con el proceso de paz, “pese a los obstáculos y las dificultades por delante”.
Apoyo y refugio
En Caracas, una declaración de la cancillería venezolana rechazó las acusaciones de Duque sobre el papel que habría jugado en el rompimiento del pacto de paz al ofrecer “apoyo” y “refugio” a Márquez y Santrich. El gobierno colombiano, añadió, ha cerrado los ojos ante las violaciones a los derechos humanos, incluyendo “cientos de asesinatos selectivos”.
El expresidente Juan Manuel Santos, arquitecto del acuerdo de La Habana, aceptó que líderes sociales que promueven una reforma agraria han sido asesinados por “personas que no quieren avances en este punto del acuerdo”.
El Nobel de la Paz 2016 dijo a BBC en México, días antes del anuncio de los disidentes de las FARC, que incluso las víctimas de la guerra han sido satanizadas, mientras que él enfrentó la “oposición implacable” de Uribe y Duque, quienes hicieron campaña por el “no” en el referéndum para ratificar el acuerdo de paz argumentando que era demasiado benévolo con la insurgencia.
Como resultado, 50.2% de los colombianos votaron en contra, obligando a reabrir las negociaciones. Más tarde, el Congreso ratificó la versión revisada del pacto los días 29 y 30 de noviembre de 2016.
En la entrevista con BBC, Santos -quien fungió como ministro de Defensa en la administración de Uribe- afirmó que el proceso de paz “está en un punto de no retorno, irreversible”, destacando el fallo de la Corte Constitucional que prohíbe cualquier modificación del acuerdo en los próximos tres períodos presidenciales (12 años) y la desmovilización de 6 mil guerrilleros.
No obstante, como el mismo Santos admitió, la historia de la nación sudamericana está llena de traiciones y de una constante lucha entre latifundistas de extrema derecha, a menudo aliados con escuadrones de la muerte paramilitares, así como narcotraficantes, y políticos progresistas.
Bajo el liderazgo de Duque y Uribe -actualmente senador- Colombia ha fallado sistemáticamente en el cumplimiento de proyectos productivos que fueron creados mediante el acuerdo para ayudar a la transición económica y social de los ex combatientes.
La amenaza de la extradición de Santrich a Estados Unidos simbolizó los ataques a la Jurisdicción Especial para la Paz, un sistema de justicia transicional con el mandato de investigar, procesar y sentenciar a todos los responsables de crímenes cometidos durante el conflicto.
Más de 800 ex combatientes de las FARC, sus familiares, defensores de derechos humanos, sindicalistas y dirigentes sociales han sido asesinados desde 2016 por fuerzas estatales y paramilitares, al tiempo que Duque solicitó a la Corte Constitucional reanudar la fumigación aérea de plantíos de hoja de coca y otros cultivos ilícitos, ignorando el daño a la salud y el desplazamiento de comunidades indígenas.
En este marco, no debe olvidarse que el brutal periodo conocido como La Violencia estalló en 1948 tras el homicidio del candidato presidencial socialista Jorge Eliécer Gaitán en Bogotá. En los años 80, más de 5,000 integrantes de la Unión Patriótica, partido político legal cercano a las FARC, también fueron aniquilados; numerosos líderes de la disuelta guerrilla M-19 sufrieron el mismo destino, incluyendo al candidato presidencial Carlos Pizarro Leongómez.
Hace un año, esta columna abordó la toma de posesión de Duque, enfatizando los enormes desafíos para el jefe de Estado más joven en la historia reciente de Colombia. Frente a un desempleo mayor y un menor crecimiento económico, el mandatario de 43 años debe estar consciente de que la guerra no es una opción en el actual escenario posterior al acuerdo de paz.
Desafortunadamente, la administración Duque parece estar apostando a cerrar filas con el pasado y la intolerancia -como lo demuestran la nueva ley de medios aprobada en el Congreso y el fin de Noticias Uno, el noticiero más galardonado de la nación-, malgastando la oportunidad de seguir su propio camino, tal como lo hizo Santos, por el bien del pueblo colombiano.
