Dallas, E.U.-
Autoridades en Oklahoma emitieron hoy el informe oficial sobre las causas que provocaron la fallida ejecución de un reo en abril pasado, según el cual, el incidente se debió a la colocación indebida de una línea intravenosa en la ingle del preso.
El 29 de abril pasado, Clayton Lockett, un homicida convicto de 38 años, se convulsionó violentamente, gimió y se retorció después de que se le aplicara la inyección letal en la prisión estatal en McAlester, en el sureste de Oklahoma.
Funcionarios carcelarios suspendieron el procedimiento de ejecución, luego de que transcurrieron varios minutos sin que aparentemente ninguna de las drogas “tuviera el efecto deseado”.
Posteriormente, Lockett sufrió un ataque al corazón y fue declarado muerto poco más de una hora después de que se iniciara el proceso.
La fallida ejecución de Lockett reactivó de nuevo el debate sobre la pena de muerte en Estados Unidos y forzó a la gobernadora de Oklahoma, Mary Fallin, a suspender las ejecuciones en esa entidad hasta que se investigaran las causas del incidente.
El informe emitido este jueves señala que debido a que el área de la ingle fue cubierta con una sábana, cuando se comenzó a inyectar al reo la dosis letal de drogas, el médico y el paramédico que estaban en el lugar no pudieron observar la obstrucción en la línea intravenosa.
La obstrucción provocó que se formara “un bulto” más grande que una pelota de golf, lo que indica que el procedimiento salió mal, establece el informe elaborado por Michael C. Thompson, el comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Oklahoma.
El informe concluyó además que los funcionarios de prisiones estaban mal preparados para enfrentar circunstancias inusuales durante una ejecución.
El reporte recomienda mantener visibles en todo momento los sitios del cuerpo en que se aplica la inyección y exhorta a mejorar la capacitación de los funcionarios de prisiones que se encargan del procedimiento de ejecución.
Lockett había sido declarado culpable y sentenciado a la pena de muerte por el asesinato de una joven de 19 años en 1999.
Su fallida ejecución llevó a los opositores a la pena capital a reactivar sus críticas sobre la capacidad de las entidades para administrar inyecciones letales que cumplan con los requerimientos de la Constitución, de que el castigo no sea cruel ni inusual.
La gobernadora Fallin desatendió las solicitudes de que se condujera una investigación independiente sobre la fallida ejecución y designó a Thompson -el comisionado de seguridad pública que supervisa las prisiones en la entidad-, para revisar el caso y recomendar los cambios necesarios.
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