Washington, D.C.-
El presidente estadounidense Barack Obama ordenó hoy detener de inmediato la deportación de cientos de miles de estudiantes indocumentados, quienes podrán recibir además permisos temporales de trabajo.
El anuncio hecho por la secretaria de Seguridad Interna (DHS), Janet Napolitano, podría beneficiar hasta 800 mil jóvenes que enfrentan el prospecto de la deportación y quienes habían centrado sus esperanzas en la iniciativa de Ley Dream, estancada en el Congreso.
La funcionaria explicó que esta acción estará vigente por dos años y sujeta a renovación.
“Las leyes de inmigración de nuestro país deben hacerse cumplir de una manera firme y sensata, pero no están diseñadas para hacerse cumplir ciegamente sin tener en cuenta las circunstancias individuales de cada caso”, dijo Napolitano en teleconferencia.
La funcionaria indicó que la medida permitirá además a su dependencia un uso más efectivo de sus recursos y enfocar su acción en la deportación de criminales indocumentados sin tener que distraerse por casos no prioritarios “de gente joven productiva”.
“Por ello, consistente con nuestra autoridad discrecional, de manera efectiva inmediata los jóvenes que fueron traídos a Estados Unidos sin tener culpa y que cumplan varios criterios, no serán deportados del país o sujetos a procedimientos de deportación”, apuntó.
Napolitano precisó que el anuncio de este viernes “no le dará a un individuo estatus legal (de residencia) ni un camino para el estatus legal o ciudadanía. Esta acción diferida no es inmunidad, no es una amnistía”.
Defendió la acción como un paso correcto y dijo que “la discreción, la cual se utiliza en tantas otras áreas, está especialmente justificada en estos casos”.
Quienes cumplan con dichos criterios serán elegibles para recibir una protección contra deportación por dos años, sujeto a renovación, al igual que un permiso de trabajo por esa misma duración y condicionamiento.
Deberán haber llegado a Estados Unidos siendo menores de 16 años de edad y haber residido ininterrumpidamente en el país durante al menos cinco años antes de esta fecha y estar presentes ahora.
Igualmente deberán haber concluido y graduado de la escuela secundaria, obteniendo un diploma de educación general (GED), continuar en este momento con estudios superiores o estar sirviendo en la Guardia Costera o las Fuerzas Armadas.
Deben estar exentos de antecedentes criminales, no presentar un riesgo para la seguridad nacional ni para la seguridad pública y no ser mayores de 30 años de edad.
También deberán cumplir con un proceso de revisión de sus antecedentes, que será diseñado por la Oficina de Aduanas y Migración (USCIS), y cubrir el costo de éste, detalló Napolitano, sin precisar cifras.
Funcionarios del gobierno, que hablaron bajo condición de anonimato, explicaron en la misma teleconferencia que los jóvenes menores de 16 años que enfrentan orden de deportación podrán acogerse a este beneficio.
Los que no enfrentan este prospecto deberán esperar a cumplir los 16 años para hacerlo.
El beneficio se extenderá aun a aquellos jóvenes que han perdido sus apelaciones frente a órdenes de deportación y que enfrentan incluso fecha para ser removidos del país, explicó uno de ellos.
La nueva política, que será implementada en un plazo de 16 días, significa un inesperado cambio por parte de Obama, quien había resistido hasta ahora repetidos llamados para actuar de manera unilateral para dar alivio a estos jóvenes.
Cuestionado sobre las razones de la nueva disposición, un funcionario de la Casa Blanca aseguró que “nada ha cambiado, pues el DHS ha venido utilizando ya esta autoridad discrecional”.
El funcionario precisó igualmente que “no consideramos esto como una solución permanente” para el problema de la migración ilegal que representan estos jóvenes.
Sobre el futuro de la nueva política ante la posibilidad que un republicano ocupe el próximo año la Casa Blanca, el funcionario pareció reconocer la posibilidad que ésta tenga corta vida bajo este escenario o bien derivado del accionar legislativo.
“El ejecutivo siempre puede cambiar de parecer sobre cómo ejercer discreción y siempre existe la posibilidad de que el Congreso haga cosas para limitar la discreción ejecutiva, y por ello alentamos al Congreso de legislar para resolver la situación”, concluyó.
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