Dallas, Texas.-
Agrupaciones civiles de Estados Unidos pidieron hoy a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) frenar las principales disposiciones de la ley antiaborto de Texas al argumentar que han provocado el cierre de clínicas de interrupción del embarazo.
La acción se da luego de que la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito autorizara a Texas el pasado jueves a establecer la ley, al eliminar la decisión del juez federal Lee Yeakel que había suspendido la entrada en vigor de dos de las principales provisiones de la norma.
Yeakel desechó la disposición de la ley que requiere que los médicos que vayan a practicar un aborto cuenten con privilegios de admisión en un hospital ubicado a no más de 50 kilómetros de su práctica, al sostener que esto constituía una carga excesiva para las mujeres.
La ley “no guarda relación racional con el derecho legítimo del Estado en la preservación y promoción de la vida del feto o la salud de la mujer y, en todo caso, pone un obstáculo sustancial en la trayectoria de una mujer que busca un aborto de un feto no viable y es por lo tanto una carga excesiva a ella”, escribió Yeakel en su dictamen.
Un panel de tres jueces de la Corte Federal de Apelaciones en Nueva Orleans dictaminó que la determinación de Yeakel de que dicha disposición carecía de una relación racional, “está a un paso de repudiar lo que desde hace tiempo la SCJ reconoce de que un estado debe constitucionalmente requerir que sólo un médico pueda realizar un aborto”.
El panel de la Corte Federal de Apelaciones, en un dictamen de 20 páginas, también indicó que la disposición de la ley no “impone un obstáculo sustancial para los abortos”.
Sin embargo, el viernes pasado al entrar en vigor el estatuto, unas nueve clínicas de interrupción del embarazo cerraron y regresaron a sus pacientes al no poder cumplir los requerimientos a los que están obligadas ahora bajo el nuevo estatuto.
De acuerdo con Planned Parenthood, entidad sin fines de lucro que proporciona servicios de salud reproductiva en este país, el procedimiento de aborto no está ya disponible en una tercera parte del estado.
La organización, junto con otras defensoras de los derechos civiles y reproductivos de la mujer, interpuso este lunes una petición de emergencia ante la SCJ, en la que solicitan restituir la decisión del juez Yeakel.
Los peticionarios argumentan que las principales asociaciones médicas se oponen a otorgar privilegios de admisión y esto solo resulta en que más mujeres pierden el acceso a una atención médica segura.
Los defensores de la ley sostienen que la disposición es una norma de seguridad que permite a los hospitales el examinar a los médicos y pacientes para saber dónde pueden recibir atención de emergencia. Disposiciones similares han sido frenadas por las cortes en otras cuatro entidades.
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