Washington, D.C. / Enero 27.-
La mayoría republicana en la Cámara de Representantes pidió hoy al presidente Barack Obama aumentar las redadas de indocumentados en centros laborales para proteger trabajos en Estados Unidos, ante el desempleo superior a 9.0 por ciento.
La Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) “debe aplicar la ley y realizar más inspecciones en los centros de trabajo”, dijo en una audiencia el presidente del Comité Judicial de la cámara baja, Lamar Smith.
“Cada día que el ICE arresta, detiene o deporta a un trabajador ilegal, crea una oportunidad de empleo para el trabajador estadounidense”, enfatizó.
Smith indicó que bajo el gobierno de Obama los arrestos administrativos del ICE cayeron 77 por ciento de 2008 a 2010.
Agregó que los arrestos criminales bajaron 60 por ciento, las acusaciones criminales se redujeron 57 por ciento y las condenas criminales disminuyeron 66 por ciento.
Respecto a críticas de que los indocumentados hacen el trabajo que no harían los estadounidenses, afirmó que en la industria agrícola el 50 por ciento de los empleos los realizan ciudadanos e inmigrantes legales.
El presidente del subcomité de Políticas de Inmigración y Aplicación de la ley, Elton Gallegly, expuso a su vez que los salarios de los estadounidenses se han reducido por la inmigración indocumentada y de bajas destrezas.
Gallegly afirmó que la administración Obama “ha relajado la dura estrategia” del anterior gobierno del presidente George W. Bush, quien se enfocó tanto en los indocumentados como en los empleadores que los contratan.
En su testimonio, Kumar C. Kibble, director adjunto del ICE, sostuvo que está consciente de las preocupaciones mencionadas por los republicanos, pero indicó que en los pasados dos años la estrategia de aplicación de la ley ha llevado a cifras récord de deportaciones.
“En los actuales niveles de presupuesto, el ICE tiene la capacidad de deportar a aproximadamente a 400 extranjeros en un año fiscal”, afirmó.
Kibble recalcó que el enfoque es la identificación, detención y deportación de personas con antecedentes penales y los que representan una amenaza para sus comunidades.
El director del Centro de Estudios de Inmigración, Mark Krikorian, señaló por su parte que las auditorías a los empleadores y las multas “no son una mala cosa”, pero “no van muy lejos”, por lo sugirió las redadas y los arrestos enfocados en empleadores y trabajadores.
Sin embargo, el director del Centro de Estudios de Políticas Comerciales del Instituto Cato, Daniel Griswold, dijo que “ha fracasado” la política de enfocarse sólo en la aplicación de la ley para reducir la inmigración ilegal.
Incluyendo las estrategias de Bush y Obama sobre deportaciones de indocumentados, agregó.
“La respuesta correcta sería cambiar nuestro método, sin seguir tirando más dinero y personal en un sistema disfuncional esperando un mejor resultado”, puntualizó.
Con Griswold coincidió la legisladora Zoe Lofgren, la demócrata de mayor rango en el subcomité de Políticas y Aplicación de la Ley de Inmigración, al advertir que el endurecimiento de las leyes de inmigración “en realidad destruirá más trabajos de los que crea”.
Indicó que expertos coinciden que los estadounidenses no volverán a los campos a recoger tomates, y que un incremento en los salarios para los trabajadores legales aumentaría los costos de producción y los productos estadounidenses ya no serían competitivos con los importados.
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