Buenos Aires, Argentina / Julio 22.-
La intención del gobierno argentino de “agilizar” los abortos no punibles en hospitales públicos desató hoy una fuerte polémica ante la posibilidad de que los médicos interrumpan embarazos sin intermediación de la justicia.
El Ministerio de Salud publicó una guía técnica en la que advirtió que los médicos están obligados a interrumpir el embarazo en casos de violación sólo con la declaración jurada de la víctima mayor de 14 años o una denuncia policial.
Las autoridades agregaron que el aborto no podrá postergarse más de 10 días después del pedido de la interesada y que los doctores estarán impedidos de tramitar un fallo judicial que permita o impida esta práctica, como suele ocurrir.
Uno de los aspectos más polémicos de la propuesta permite que adolescentes a partir de 14 años puedan abortar sin la autorización o conocimiento de los padres.
También se obliga a los médicos a interrumpir el embarazo de mujeres consideradas “idiotas, dementes” o incapaces, pero sin que sea obligatoria la declaración formal de ese estado personal por parte de un juez.
La coordinadora del Programa de Salud Sexual del Ministerio, Paula Ferro, explicó que sólo está aplicando la ley, ya que el Código Penal permite el aborto en caso de violación, cuando la vida de la mujer está en peligro y en mujeres con discapacidad mental.
Aunque la despenalización en estos tres casos está vigente, es usual que los médicos argentinos inicien juicios para evitar el aborto, aún en escandalosos casos de menores que han sido violadas por sus progenitores.
El Centro de Estudios del Estado y Sociedad denunció que anualmente mueren en Argentina 46 madres por cada 100 mil nacidos vivos, una tasa que triplica a la registrada en los países de la región.
Cálculos oficiales señala que cada año se realizan alrededor de 500 mil abortos en Argentina, pero quienes más riesgos corren son las mujeres de escasos recursos, con lo que el problema adquiere un matiz de injusticia social.
Pese a que es un grave problema de salud pública, las propuestas legislativas de despenalización han fracasado en el Congreso, en donde, además, por ahora no se prevé la elaboración de un nuevo proyecto.
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