Decenas de manifestantes repudiaron hoy las redadas antinmigrantes durante una protesta frente a la sede en esta capital de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE).
“Estamos aquí para denunciar las políticas represivas de la ICE”, dijo Rosa Lozano, de la Alianza por la Inmigración y la Justicia del Distrito de Columbia.
La activista lamentó el arresto durante una redada de la ICE de 595 trabajadores el pasado 25 de agosto en la localidad de Laurel, en Mississippi, la mayor del país.
“Esta protesta no es sólo por la redada en Mississippi, sino por los inmigrantes que son arrestados todos los días en las ciudades de Estados Unidos”, agregó Lozano.
Los activistas indicaron que las autoridades escolares en la localidad de Laurel dijeron que 160 estudiantes latinos faltaron a la escuela al día siguiente de la redada.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) anunció en un comunicado que está investigando casos de abusos a los derechos civiles de los detenidos en Mississippi.
Mónica Ramírez, abogada de la ACLU, expresó su preocupación por informes que indican que los trabajadores fueron separados por raza o grupo étnico, la fábrica fue cerrada por varias horas y se les negó acceso a consejería legal.
La ICE no informó a familiares y abogados dónde estaban los trabajadores luego de la redada, señaló Ramírez.
Brandon Alvarez Montgomery, vocero de la ICE, dijo que la entidad federal “entiende” la preocupación de los manifestantes, pero que deberían hacer cabildeo en el Congreso porque la entidad tiene a su cargo poner en vigencia las leyes existentes.
Informó que 107 trabajadores de Missisippi, que son padres de familia, fueron puestos en libertad por razones humanitarias y que la ICE continúa investigando a los empleadores.
El pasado 14 de agosto, la ICE realizó una redada en el aeropuerto de Dulles, en Virginia, a unos 40 kilómetros de la ciudad de Washington, que llevó al arresto de 42 inmigrantes indocumentados, la mayoría de Bolivia.
La ICE informó el mes pasado que continuará con las redadas luego de suspender su programa piloto de auto-deportación, aplicado durante tres semanas en cinco ciudades del país.
La entidad informó que sólo ocho “inmigrantes fugitivos”, de un total de 457 mil con órdenes de deportación y sin antecedentes penales, se entregaron voluntariamente a las autoridades.
Bajo ese programa, los inmigrantes tenían un plazo de 90 días para encargar a sus hijos a familiares, resolver las cuentas de la casa y el carro, y prepararse para buscar trabajo en su país.
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