Washington, D.C.-
La Casa Blanca dijo hoy que el empuje que el presidente Barack Obama buscar dar a la reforma migratoria se debe al desfase que sufrió en la agenda legislativa por la crisis ante el cierre del gobierno, y negó que se trate de una imposición.
“Él no está diciendo que va a salir a empujar un tema de la agenda demócrata. Lo que quiere es continuar el esfuerzo que ha estado en curso todo el año para tratar de aprobar una amplia reforma migratoria con apoyo bipartidista”, dijo el vocero presidencial Jay Carney.
En una entrevista televisiva realizada la víspera, dijo sostuvo una vez superado el jaloneo político sobre el cierre del gobierno y el techo de la deuda: “voy a empujar, voy a llamar a un voto sobre la reforma migratoria”.
Carney buscó este miércoles clarificar la postura del mandatario, luego que algunos sectores la interpretaron como una suerte de imposición por parte de Obama aprovechando la débil posición de los republicanos en la cámara baja.
Afirmó que esta “crisis fabricada” por los republicanos sobre el cierre de gobierno y el techo de la deuda ha generado una distracción, como resultado de lo cual, temas importantes en la agenda legislativa quedaron relegados.
“No hay duda que la decisión de la cámara baja de cerrar el gobierno y coquetear con una moratoria forzó al presidente y a todos en el Congreso a centrarse en esto en vez de las otras cosas sobre las que deberíamos trabajar, y la reforma migratoria es una de ellas”, dijo.
Carney comentó que Obama considera que el siguiente paso lógico en la agenda de la Cámara de Representantes debe ser la aprobación de la reforma migratoria, insistiendo en que la ruta a seguir debería ser la propuesta bipartidista aprobada ya en el Senado.
Ese proyecto incluye el reforzamiento fronterizo a un costo de 30 mil millones de dólares para la contratación de 20 mil agentes adicionales de la Patrulla Fronteriza y la finalización de mil 126 kilómetros de bardas con México.
Asimismo, contempla un programa de verificación de elegibilidad laboral y uso de sensores de detección y monitoreo en la frontera, y abre la ruta a la legalización con ciudadanía a más de 11 millones de indocumentados, en un proceso que podría demorar más de una década.
Sin embargo, la cámara baja ha rechazado hasta ahora tomar la iniciativa del Senado como mapa de ruta, optando por un proceso en partes y sin un compromiso definitivo para incluir provisiones como una vía a la ciudadanía.
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