Miami, E.U.-
Legisladores en Alabama presentaron una propuesta para rediseñar la controversial ley antiinmigrante HB 56, que entró en vigor parcialmente el año pasado en esa entidad de Estados Unidos.
Legisladores republicanos sostuvieron que la nueva iniciativa, que podría ser analizada por un comité senatorial tan pronto como el miércoles próximo, vendrá a reforzar la actual ley con algunas definiciones.
La propuesta fue presentada la tarde del jueves por el representante estatal republicano Micky Hammon, luego de ser consensada con los demás legisladores de su partido y con el gobernador Robert Bentley.
“Estas revisiones mejorarán la actual ley, no la debilitarán”, aseguró el senador Del Marsh.
El gobernador Bentley señaló en un comunicado que “la esencia de la ley no va a cambiar: cualquier persona que viva y trabaje en Alabama tiene que estar aquí legalmente”.
“Durante los últimos meses, hemos trabajado en estrecha colaboración con los líderes legislativos y de diversos grupos para aclarar y simplificar las partes de la ley de inmigración, y el resultado es un proyecto de ley más eficaz y más aplicable”, indicó Bentley.
La propuesta mantiene, al igual que la ley anterior, la autorización a los policías para tratar de determinar el estatus migratorio de una persona, cuando los detienen por alguna infracción de tráfico, si tienen una “sospecha razonable” de que está ilegalmente en el país.
Pero a diferencia de la actual ley, la nueva iniciativa amplía el número de personas a las cuales el agente de policía puede pedir la documentación migratoria, al estar autorizado ahora no sólo a cuestionar al conductor, sino a todos los que viajen en el automóvil.
La nueva ley también mantiene la exigencia de que las empresas utilicen el programa federal E-Verify para verificar si las personas que van a contratar para un nuevo empleo están autorizadas a trabajar en el país.
Sin embargo, ahora las compañías que hacen negocios con entidades públicas no serán responsable de los subcontratistas, a menos que pueda demostrarse con pruebas “claras y convincentes” que sabían que el subcontratista prestaba sus servicios con trabajadores indocumentados.
La nueva iniciativa limita a quiénes se les deberá pedir prueba de su estatus migratorio para realizar trámites con el estado.
Se seguirá requiriendo documentos migratorios para obtener el título de propiedad de un automóvil, la licencia de conducir y para establecer un negocio, pero no se solicitará para otros trámites legales, incluyendo la obtención de una licencia de matrimonio.
En cuanto a las escuelas, el nuevo proyecto de ley no requiere que los planteles educativos recopilen información sobre el estatus migratorio de los estudiantes al inscribirse.
Grupos pro inmigrantes han demandado que la HB 56 sea derogada totalmente, al considerar que institucionaliza el perfil racial y viola los derechos humanos, lo que ha sido rechazado por los legisladores republicanos.
El representante republicano Mike Hubbard apuntó que estos grupos “estarían felices si la ley fuera derogada, pero eso no va a suceder”.
Mary Bauer, directora del Centro Legal para la Pobreza del Sureste, organización defensora de los derechos civiles, dijo en un comunicado que el proyecto de ley es “una respuesta a medias a la crisis económica y humanitaria que está afectando a nuestro estado como resultado de la HB 56”.
“Se hará poco para aliviar los problemas que han afectado a los agricultores de Alabama y las pequeñas empresas y hará muy poco para detener el sufrimiento de los niños y las familias de Alabama a los que se ha orientado la HB 56”, añadió.
Discussion about this post