Los Angeles, E.U.-
Representantes de más de 300 organizaciones en Estados Unidos condenaron hoy la ley SB1070 y exigieron a la Suprema Corte a mantenerla sin efecto.
En conferencia de prensa, un legislador, un obispo, un jefe de la policía y activistas, que dijeron representar a más de 300 organizaciones, manifestaron su oposición a una de las leyes antiinmigrantes, aprobada en 2009 en Arizona.
En el encuentro participaron el congresista por Illinois, el demócrata Luis Gutiérrez, el obispo de Sacramento, Jaime Soto y el ex jefe de la policía en Phoenix, Arizona, Jack Harris.
Asimismo Judith Browne Dianes, codirectora de Advancement Project y Marielena Hincapie directora del Centro Nacional sobre Leyes de Inmigracion (NILC por sus siglas en inglés).
Los participantes ratificaron su llamado a la Suprema Corte de Estados Unidos a mantener sin efecto la ley SB1070, que es defendida por el estado de Arizona, en un caso que esta corte debatirá el 25 de abril.
Los ponentes hablaron a nombre de cientos de organizaciones comunitarios, líderes religiosos, organismos policíacos y de derechos civiles que se oponen a la implementación de esa ley, aprobada hace dos años en ese estado.
“Es necesario que la Suprema Corte mantenga bloqueada la implementación de los más perniciosos elementos de esa ley por ser de notorio perfil racial”, coincidieron.
El 25 de abril, la Suprema Corte de Justicia revisará la solicitud de la gobernadora de Arizona, Jean Brewer, para que sea eliminada la suspensión impuesta por una jueza federal a las más importantes previsiones de la ley.
La ley también fue desafiada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y será considerada en su activación lo que podría representar un efecto a imitar por otros estados a través de leyes draconianas.
La demanda del Departamento de Justicia, la más sólida de varias que se interpusieron contra la SB1070, argumenta que esa ley viola la Cláusula de Supremacía de la ley federal en la materia, además viola la Cláusula de Comercio al lesionar las relaciones de Estados Unidos con México.
El obispo Soto manifestó su condena de esta ley que ha sido criticada por la Conferencia de Obispos estadunidense, por estar sustentada en la discriminación y negar reconocer la dignidad del ser humano sin importar su condición migratoria.
Por su parte, el jefe Harris alertó que la medida sólo ha causado un severo daño en el desempeño de cuerpos policíacos que han visto limitados sus recursos para enfrentar al crimen, porque los inmigrantes no denuncian ni colaboran con la policía.
Luis Gutiérrez ratificó su demanda a que la administración Obama se aboque en atender una deuda pendiente que es la reforma migratoria a fin de restaurar un sistema migratorio fracturado.
“A causa de ese sistema fracturado es por ello que han surgido reformas de leyes discriminatorias y racistas en estados como Arizona o Alabama y urge enmendar esto a fin de que no se sigan expandiendo”, demandó.
Indicaron que tras iniciarse en Arizona otras leyes discriminatorias y antiinmigrantes “han sido aprobadas en Alabama, Utah, Indiana, Georgia y Carolina del Sur en un fenómeno que debe ser erradicado de inmediato”.
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