Madrid, Esp. / Noviembre 29.-
A partir del primero de enero de 2010 y hasta el 30 de junio, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero será el presidente en turno de la Unión Europea (UE), en momentos en que el viejo continente vive una de las peores crisis económicas de su historia.
Además de enfrentar esta difícil situación, el mandatario español deberá lograr no sólo que el bloque europeo siga siendo un gigante económico, comercial y monetario, sino que se convierta en un gigante político.
Es decir, que sus 27 países miembros sean capaces de hablar con una sola voz sobre los problemas cruciales del planeta, para así impulsar su papel como actor global, en momentos en que las potencias emergentes, en especial China, están logrando un mayor protagonismo.
Para lograrlo, Zapatero contará con un nuevo instrumento: el Tratado de Lisboa, que entra en vigor este martes. El documento sustituye a la fracasada Constitución Europea —que no fue aprobada en referéndum por Francia ni por Holanda— y, con él, la UE pretende consolidar su posición en el mundo, ahora que el bloque se amplió de 15 a 27 países.
-Nuevos desafíos
El texto es clave, según Fernando de Salas López, ex rector de la Sociedad de Estudios Internacionales, para lograr la transformación de la UE, en vista de que las leyes vigentes hasta ahora “fueron creadas para una UE más pequeña, sin desafíos como el cambio climático, la recesión mundial, la delincuencia transfronteriza y el multilateralismo. Ahora tiene que transformarse para ser eficaz en el siglo XXI”.
El Tratado de Lisboa se firmó el 13 de diciembre de 2007, pero necesitó dos años para que los 27 países miembros de la UE lo ratificaran. Su objetivo principal es simplificar la toma de decisiones, que la institución sea más democrática y transparente y que haya más unanimidad en la política exterior. Una de las principales novedades que establece es que el Parlamento Europeo tendrá una cabeza visible que dará más continuidad y estabilidad a las tareas de la institución: el presidente del Consejo Europeo, cargo que ocupará el presidente belga Herman Van Rompuy durante dos años y medio prorrogables.
Dicho presidente compartirá protagonismo con la presidencia rotatoria de los jefes de Estado de los 27 países, en turnos de seis meses. Además, se mantendrá el cargo de Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que ocupará la británica Catherine Ashton en sustitución del español Javier Solana, pero con más funciones, al dirigir la política exterior y de seguridad común de la Unión. Al mismo tiempo, nacerá un cuerpo de diplomáticos de la UE con 130 embajadas: el Servicio Exterior Europeo.
-Eficacia, simpleza y unidad
Será una Europa más eficaz, ya que los métodos de trabajo y votación se simplificarán.
Por ejemplo, en el Consejo de Ministros las normas presentadas se votarán “por mayoría cualificada” (doble mayoría) y las decisiones se aprobarán si los votos a favor representan, como mínimo, 55% de los Estados miembros de la UE y 65% de la población. Ello impedirá que un grupo muy pequeño de países con muchos habitantes obstruya la adopción de decisiones, como ocurría con Alemania y Francia.
El Parlamento Europeo tendrá mayor protagonismo, al igual que los parlamentos nacionales e incluso los ciudadanos, quienes dispondrán de la “iniciativa ciudadana”, que les permitirá pedir a la Comisión hacer propuestas de ley sobre algún tema, siempre y cuando recaben el apoyo de más de un millón de personas.
Será también una Europa más unida, puesto que el Tratado de Lisboa contiene una “cláusula de solidaridad” similar a la de la OTAN, según la cual la Unión y los Estados miembros actuarán conjuntamente si un Estado miembro es blanco de un ataque terrorista o víctima de una catástrofe natural o humana.
Finalmente, será una Europa de derechos y valores que tendrá mayor capacidad para poder actuar en los campos de justicia, libertad y seguridad.
Contará con mecanismos como el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, que le permitirá, por ejemplo, contribuir a la lucha antiterrorista mediante la inmovilización de bienes.
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