México, D.F.-
La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), que cada año entrega el premio Ariel a los más granado de los filmes nacionales, acusó al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) de incentivar el tráfico de influencias y el otorgamiento de dinero a proyectos de cine, sin concurso alguno.
A través de una carta abierta, la AMACC presidida por Carlos Carrera (‘El crimen del Padre Amaro’), en conjunto con la Sociedad de Directores y Realizadores de Obras Audiovisuales, menciona el caso de la película “Morelos”, sobre el héroe independentista filmado el año pasado, al que se le otorgaron más de 60 millones de pesos, para su hechura.
También apunta sus baterías a “Colosio: el asesinato”, la cual está en rodaje, y por último señala a “5 de mayo”, sobre la batalla entre mexicanos y franceses en 1862, que se encuentra en etapa de casting. Acusa que estas tres producciones cinematográficas recibieron recursos.
“Sin un sistema de adjudicación claro y transparente y sin mediar convocatoria pública”, se lee en el documento.
“(Los proyectos) Apoyados solo por la voluntad de la funcionaria (Consuelo Sáizar, responsable de la dependencia) y no hay quien de explicación pública aclaratoria pertinente”, añade.
La acusación
En el texto se agradece el apoyo gubernamental hacia el cine mexicano en los últimos años, a través del Foprocine y Fidecine, fondos responsables de apoyar películas de autor y corte comercial, respectivamente; además del Eficine, con el cual empresarios han comenzado a buscar proyectos para apoyar.
Pero subraya que con la creación de Conaculta Cine, del cual desconocen sus funciones, se han dado los apoyos a las mencionados películas.
El problema, según se desprende del documento, es que sería duplicar las funciones del Instituto Mexicano de Cinematografía, única entidad responsable de manejar dinero para el séptimo arte, de acuerdo con la ley.
La petición
“Eviten continuar con este tipo de prácticas que afectan la normatividad”, precisa el documento redactado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.
Y hace una petición concreta y clara: “Que la Secretaria de la Función Pública finque las responsabilidades correspondientes al caso”.
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