México, D.F.-
El Gobierno del Distrito Federal (GDF) plantea la creación del estudio de “impacto de movilidad” -como ocurre con el impacto ambiental y urbano- en las obras públicas y privadas que se realicen en la Ciudad de México para evitar o reducir los impactos negativos sobre la calidad de vida y la competitividad urbana.
En la iniciativa de Ley de Movilidad, que envió en diciembre pasado el gobierno de Miguel Ángel Mancera a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), se incluye dicho concepto, mismo que se define como “influencia o alteración de los desplazamiento de personas y bienes que causa una obra pública o privada en el entorno en que se ubica”.
Lo anterior, se explica en el documento, forma parte de las herramientas para la planeación de la movilidad en la Ciudad de México.
En dicho capítulo, se propone que en el artículo 50, que el estudio de impacto de movilidad inicia con la presentación del mismo ante la Secretaría de Movilidad -hoy todavía Secretaría de Transporte y Vialidad (Setravi)- y concluye cuando ésta emita una resolución.
Ese estudio tendrá que sujetarse a la ley y reglamentos en la materia y tendrá que pagar derechos correspondientes.
Se propone la creación de cuatro modalidades: factibilidad de movilidad; informe previo; manifestación de impacto de movilidad general y la manifestación de impacto de movilidad específica.
“Las obras públicas y privadas, nuevas y de mantenimiento en materia de movilidad, transporte y vialidad, estarán sujetas a la presentación de un estudio de impacto de movilidad, su incumplimiento será sancionado conforme a la ley y su reglamento”, expone el proyecto de ley.
Este banco de datos será consultado por dependencias, organismos, delegaciones y entidades.
El proyecto de iniciativa de Ley de Movilidad de Miguel Ángel Mancera busca la transformación de la política de movilidad en la capital del país en la iniciativa de ley que envió a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y se empuja para que se analice y apruebe en un periodo extraordinario de sesiones en febrero próximo.
De acuerdo con la iniciativa -de la cual EL UNIVERSAL posee una copia- se establece que en las políticas públicas se privilegiarán las acciones de acuerdo con una jerarquización donde el peatón está colocado en número.
En este caso, se especifica que son personas con discapacidad, niños, adultos mayores y mujeres embarazadas.
Le siguen los ciclistas, los usuarios del transporte público. El cuarto lugar lo ocupa el transporte carga y en el quinto y último lugar están los usuarios de transporte particular automotor. Entiéndase, automovilistas.
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