Acapulco, Gro. / Noviembre 18.-
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan pidió a los candidatos a la gubernatura de Guerrero que asuman públicamente su postura sin ambages sobre la construcción del proyecto de la presa hidroeléctrica La Parota.
La organización no gubernamental de derechos humanos dijo que el pueblo de Guerrero debe conocer el posicionamiento y convicción de los candidatos del PRI-PVEM, Manuel Añorve Baños; del PRD-PT y Convergencia, Ángel Aguirre Rivero, y del PAN, Marcos Efrén Parra Gómez, sobre la construcción de esta obra que consideraron es un cheque en blanco a la violación de los derechos humanos.
“En esta coyuntura, resulta hoy más que nunca necesario que los candidatos a la gubernatura del estado asuman públicamente posiciones claras y sin ambages respecto de un proyecto contrario a los derechos humanos, de modo que el pueblo de Guerrero conozca sus posicionamientos y convicciones en los más acuciosos temas de derechos humanos”.
El comunicado de Tlachinollan informó que ante la aprobación de estos recursos en el presupuesto federal para que se construya la hidroeléctrica, los opositores al proyecto acudirán a todas las instancias nacionales e internacionales para exigir respeto a sus derechos.
“Como lo anunció el CECOP en días pasados, con presupuesto o sin él, La Parota no pasará”.
Asimismo, consideraron que con la decisión de respaldar a la CFE en la imposición del proyecto, el Poder Legislativo ha dado la espalda a las recomendaciones de numerosos organismos internacionales de protección a los derechos humanos, que han ordenado garantizar el derecho a la consulta de los pueblos afectados y buscar alternativas.
“En ello han coincidido instancias como las Relatorías sobre vivienda, alimentación y pueblos indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también de la ONU”.
La entrega de recursos a un proyecto inviable, señala el organismo no gubernamental de derechos humanos, es aún más preocupante si se considera que queda en manos de una paraestatal que, como la CFE, enfrenta graves problemas de corrupción como se ha hecho público en fechas recientes.
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