Cancún, QR.-
La Ley de Ordenamiento Cívico de Quintana Roo, aprobada por el Congreso del estado en esta semana, presenta algunas diferencias con la Ley de Ordenamiento Social que la misma legislatura votó a favor en marzo pasado, pero mantiene su carácter restrictivo e inhibitorio de derechos, contrario a la Constitución Mexicana, de acuerdo con la dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
“No estamos de acuerdo con esta ley. Los derechos están consagrados en la Constitución y ninguna ley puede disminuir o reducir estos u otros derechos, por esa razón el voto de nuestro diputado en el Congreso, fue en contra”, indicó el dirigente del PRD en Quintana Roo, Julio César Lara.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Lara Martínez informó que una vez que sea promulgada la Ley de Ordenamiento Cívico, solicitarán la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para promover un acto de inconstitucionalidad en contra del nuevo mandato. También consideran -dijo- la vía del amparo.
En contraste, el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Pedro Flota, aseguró que el espíritu del nuevo mandato es garantizar que quienes tengan algún tipo de inconformidad y deseen expresarla, tengan el espacio físico para hacerlo, de conformidad con lo que establece la Constitución, sin perturbar el orden, la paz y tranquilidad pública, ni afectar los derechos de terceros, como es el desarrollo normal de sus actividades.
“Para elaborar el proyecto de esta ley, que presentamos junto con el PAN, el Partido Verde y Movimiento Ciudadano, se tomaron en cuenta y se integraron las observaciones que organizaciones civiles y de derechos humanos hicieron a la ley anterior (Ordenamiento Social) y se eliminaron los puntos que causaron mucho ruido.
“Respetamos el derecho de todos los que se sientan inconformes para hacer uso de los medios legales que consideren, pero lamentamos que el dirigente del PRD vuelva a cometer errores de juicio, que le hacen equivocarse. No creemos que prosperen amparos u otros recursos”, expresó Flota Alcocer, entrevistado por separado.
El miércoles pasado, la Ley de Ordenamiento Cívico fue discutida y sometida a votación del pleno. La mayoría del PRI votó a favor, con el respaldo de diputados del Partido Verde Ecologista (PVEM), Movimiento Ciudadano y, esta vez, del Partido Acción Nacional (PAN).
Algunas modificaciones
Entre las variaciones que la Ley de Ordenamiento Cívico presenta, respecto a la Ley de Ordenamiento Social, se encuentra que el aviso que los organizadores de alguna manifestación debían presentar con 48 horas de antelación a la protesta, dejó de ser obligatorio o parte de un trámite. Ahora es “un derecho” y es optativo.
También se eliminó el artículo que determinaba que quienes pretendiesen manifestarse, debían de abstenerse de hacerlo en espacios públicos de importancia turística, arquitectónica, cultural e histórica, por ejemplo.
Ahora se establece que las personas que se manifiesten o marchen, “podrán hacer uso de las vías públicas”, pero lo condiciona a que si se altera el orden o paz públicos o se impide, entorpece u obstaculiza la prestación de un servicio público o se generan actos de violencia, las autoridades -según su competencia- tomarán “las medidas necesarias” para restablecer el orden, la paz y la prestación de esos servicios.
Se mantiene la prohibición de realizar bloqueos en la vía pública y se marca como obligación cívica el cuidar el equipamiento y mobiliario urbano, así como bienes de interés cultural, urbanístico, turístico y arquitectónico de los sitios en donde se desarrollen las protestas.
Como sanciones la ley prevé amonestaciones, multas y arresto administrativo.
Antecedente
El 24 de marzo pasado, con el voto del PRI y del PVEM, la legislatura aprobó la Ley de Ordenamiento Social, promovida por el diputado del tricolor, Juan Carrillo Soberanis. Dicho mandato fue bautizado como “Ley Antimarchas” e incluso activistas llamaron la “Ley Borge”.
Aquella iniciativa pasó a manos del Ejecutivo estatal, que detuvo su publicación en el Periódico Oficial del Estado y ordenó su revisión por parte del área jurídica, ante el escándalo que provocó el espíritu limitativo y prohibitivo de dicha ley, de acuerdo con organizaciones civiles nacionales y organismos internacionales como Amnistía Internacional, que anunciaron que promoverían amparos en contra del mandato, al ser violatorio de los Derechos Humanos.
Durante esa revisión, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos anunció que, conforme al análisis que hicieron de la Ley de Ordenamiento Social, se enviarían observaciones al Congreso del estado para realizar algunas modificaciones.
En entrevista, el diputado del PRD, Jorge Aguilar Osorio, explicó que en ese lapso, las observaciones por parte del Ejecutivo estatal fueron entregadas al Congreso del estado, prácticamente como si se tratase de una nueva Ley que, incluso, cambió su nombre a Ley de Ordenamiento Cívico.
“La Ley de Ordenamiento Social regresó al Congreso, casi como una iniciativa del Ejecutivo. De hecho, se turnó a comisiones, se discutió y votó por el pleno prácticamente como si fuera una nueva Ley.
“A decir de algunos priístas que tampoco están de acuerdo, porque en lugar de fomentar el respeto a los derechos, los inhibe, esta nueva ley es ‘un refrito de los bandos de policía y buen gobierno de los municipios’… así lo dijeron, eh?”, expresó Aguilar Osorio.
El también diputado del PRI, Pedro Flota, precisó que el procedimiento legislativo que dio vida a la Ley de Ordenamiento Cívico, fue “distinto” e incluyó las observaciones del Ejecutivo estatal y de organizaciones civiles, lo que dio pie a una nueva Ley, presentada en conjunto por el tricolor, el PAN, el PVEM y Movimiento Ciudadano.
De este modo, en los artículos transitorios se lee que la Ley de Ordenamiento Cívico entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, que los reglamentos respectivos se expedirán dentro de los 90 días posteriores y que quedará sin efecto el decreto de la Ley de Ordenamiento Social, aprobado el 24 de marzo.
Para Aguilar Osorio la ley lleva dedicatoria al magisterio y a los taxistas, grupos que protagonizaron en momentos diferentes, sendas protestas y bloqueos, crispando el ánimo de la ciudadanía y retando a la autoridad.
Pero también era urgente -dijo- aprobar una ley que restringiera las manifestaciones en Quintana Roo, ante la proximidad del Tianguis Turístico de México que se desarrollará en Cancún, del seis al nueve de mayo, fechas en las que se prevén protestas ciudadanas
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