MÉXICO, D.F.- Un año después de la presunta masacre de al menos 12 personas por parte de militares de México, autoridades de ese país siguen siendo cuestionadas por organizaciones internacionales como Naciones Unidos o Amnistía Internacional por creer que todavía no se ha hecho justicia.
La investigación del llamado caso Tlatlaya debe ser “imparcial”, de tal forma que “lleve a todas las personas responsables ante la justicia, incluyendo, en su caso, a mandos militares”, pidió este martes Amnistía Internacional (AI) en un comunicado.
“Es fundamental que los familiares, así como la sociedad en su conjunto, conozcan la verdad” sobre lo sucedido el 30 de junio del año pasado en Tlatlaya, estado de México (centro), apuntó AI.
El ejército mexicano dijo ese día que 22 presuntos delincuentes, entre ellos una menor de 15 años, murieron en un enfrentamiento con militares en una bodega del municipio.
Después de que una testigo superviviente asegurara a la revista Esquire que esas personas fueron ejecutadas a sangre fría luego de rendirse, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) concluyó en octubre que al menos 12 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente.
“Continuamos haciendo un llamado por la justicia” y la reparación de daños a los familiares de las víctimas, dijo el lunes en Ginebra Cécile Pouilly, vocera del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
“Pedimos a las autoridades mexicanas que amplíen sus investigaciones e incluyan a autoridades civiles y militares que pudieran tener alguna responsabilidad en las presuntas ejecuciones extrajudiciales y la violación de derechos humanos cometidos ese día”, apuntó Pouilly.
Un oficial y seis soldados enfrentan un juicio por su presunta participación en las muertes de Tlatlaya, acusados de ejercicio indebido del servicio público, aunque sólo tres por homicidio calificado de ocho personas.
El secretario de Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, dijo en una entrevista con El Universal que el juicio contra los militares ha sido “muy costoso” para el Ejército en términos de imagen porque el tema “ha sido manejado de manera superficial”.
“Lamentablemente muchas personas y grupos que a lo mejor no ven bien a las Fuerzas Armadas ya sentenciaron a los soldados”, aunque el juicio “todavía no ha empezado”, acotó Cienfuegos, quien insistió en que las víctimas mortales atacaron primero a los militares.
La CNDH dijo el lunes que su recomendación a la secretaría de Defensa, la fiscalía general y el estado de México ha sido sólo “parcialmente cumplida” y pidió mayor celeridad en su cumplimiento completo y una respuesta “más oportuna” a sus solicitudes de información.
Un total de 20 funcionarios de la fiscalía del estado de México son también investigados por posibles torturas a testigos de este caso, considerado uno de los más graves abusos de militares contra civiles desde que en 2006 el entonces presidente Felipe Calderón lanzó al ejército a las calles para enfrentar a los cárteles de la droga.
Tres meses después del caso Tlatlaya se produjo el brutal ataque a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, en septiembre por parte de policías corruptos, que entregaron a los muchachos a sicarios de un cártel que presuntamente acabó masacrándolos.
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