México, D.F.-
Organizaciones de la sociedad civil denunciaron un conflicto de interés de la industria tabacalera que busca administrar por sí misma o por medios de terceros los códigos de seguridad de las cajetillas de cigarros, con la omisión del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Erick Antonio Ochoa, de la Fundación Interamericana del Corazón (FIC), dijo que la industria (con apoyo del SAT) pretende administrar los códigos de seguridad de las cajetillas de cigarros, lo cual es evidentemente una violación al Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco y al Protocolo de Comercio Ilícito.
De acuerdo a las nuevas disposiciones del SAT, que entrarán en vigor para enero del 2015, la industria tabacalera tendrá que imprimir un código de seguridad en cada una de las cajetillas de cigarros para su venta en México, con las características técnicas que señale el SAT.
Asimismo, deberán registrar, almacenar y proporcionar al SAT, la información que se genere de los mecanismos y sistemas de impresión del referido código de seguridad.
Para las Organizaciones está es una situación delicada, que el SAT deje totalmente a la industria que controle sus códigos de seguridad.
Juan Núñez Guadarrama, de la organización civil Aliento, dijo que esta disposición podría malograrse, pues surgió para evitar el contrabando y comercio ilegal de cigarros, si dicho control queda en manos de la propia industria.
Recordó que este hecho que sería violatorio del Convenio Marco para el Control del Tabaco, ratificado por México en 2004, el cual establece que los países protegerán las políticas públicas sobre el control del tabaco contra los intereses comerciales y otros intereses creados de la industria tabacalera.
Núñez también hizo referencia a la violación del Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco, aprobado por la Conferencia de las Partes.
“Nuestro país es miembro de la Conferencia de las Partes y establece que los países no deben permitir que la industria tabacalera maneje ningún tipo de datos relacionados con el comercio ilícito de sus productos” añadió.
Frente a esta problemática, los representantes de las organizaciones civiles hicieron un llamado puntual al SAT, a fin de que se contrate a una empresa o a varias empresas independientes de la industria tabacalera como responsables de aplicar un sistema de códigos de seguridad que garantice la imparcialidad y la transparencia que son indispensables en el proceso.
Además, de preservar la plena atribución del SAT en materia recaudatoria.
“Protejamos las finanzas de nuestro país y las decisiones soberanas de nuestras instituciones” finalizaron.
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