Ciudad Juárez, Chih. / Febrero 13.-
La sobrevigilancia policiaca que se vive en este lugar, aunado a las masacres que se han desatado en los centros de rehabilitación para adictos han provocado que usuarios de drogas inyectables no acudan a los servicios de salud, por temor a que los maten, afirmó María Elena Ramos, directora de la organización civil Compañeros que trabaja con enfermos adictos desde hace 24 años.
Esta situación ha generado que ahora los usuarios de drogas inyectables lo hagan en su casa para sentirse protegidos, lo que ha impactado a las mujeres, pues los casos de usuarias de drogas han aumentado de forma escandolosa.
“Les puedo decir que en 2000 teníamos registrados 15% y ahora es de 40%”, comentó.
Aseguró que las estadísticas indican que hay 50 mil usuarios de droga inyectables en Ciudad Juárez y el porcentaje de consumidores de heroína es de 26% en los estados fronterizos. A nivel nacional es de 3%.
Entrevistada después de una reunión con el secretario de Salud, José Angel Córdova Villalobos y el gobernador de la entidad César Duarte, la activista dijo que de mil camas disponibles que hay en los centros de salud apenas 200 son ocupadas.
“Eso se debe a ese temor de los usuarios, de las familias que no quieren llevarlos por la situación de violencia”, dijo.
Evidenció que los militares y federales constantemente violan los derechos de estas personas, quienes los ven como delincuentes y no como enfermos.
Al grado —expuso— que muchas veces los detienen y al no poderse inyectar heroína comienzan a tener el síndrome de abstinencia que le puede provocar la muerte o dejarlo con secuelas en su salud.
Para la activista, desde hace dos años hay un retroceso en los programa de prevención y ayuda a esta población que es adicta a la heroína y a otras drogas.
Recordó que el trabajo que realizan es poner jeringas limpias en contenedores que son dejados en determinadas calles para que los usuarios de drogas inyectables las usen, y así se evite que sean contagiados por otras enfermedades como hepatitis C o VIH-sida.
“Junto con la organización Misericordia y Vida, compramos 300 mil jeringas al año que se distribuyen en Ciudad Juárez y tenemos una cobertura de 30%”, dijo.
—¿Desde cuándo hay un retroceso por las condiciones de violencia en Ciudad Juárez?
-Creo que hace dos años se agudizo. En septiembre de 2009, con las masacres que hubo en los centros de rehabilitación. Después, con el plan Todos Somos Juárez ha venido a dar un respaldo a los centros, pero también ha creado dificultades por la presencia de soldados y federales que persiguen a los usuarios de drogas inyectables y violan sus derechos y les dan tratos indignos como ponerlos en el pavimiento, con la bota encima, cuando acá hace mucho calor, o llevárselos a la guarnición de la plaza en calidad de detenidos donde pasan el síndrome de abstinencia en el sol, sin agua.
—¿El consumo de adicciones es un problema desatendido?
—Es difícil de abordar y ha tenido un retroceso muy grande por todas las condiciones de violencia que hay. La respuesta al problema de las adicciones tiene que pasar por poner condiciones de seguridad a los usuarios de droga. Ese es el reto.
La activista comentó que se estima que hay 5 mil picaderos en Ciudad Juárez, pero a raíz de la violencia generada, unos están cerrando para abrir en otros domicilios, lo dificulta su identificación o seguimiento.