Zacatecas, Zac. / Noviembre 25.-
La Contraloría Interna de Zacatecas determinará, en un plazo de 15 días hábiles y tras conocer la solventación de ex funcionarios sobre irregularidades detectadas en el manejo de recursos de la administración pública estatal, si consigna o no al Ministerio Público a la ex gobernadora Amalia García o a algún otro integrante de su administración.
En entrevista el contralor interno Guillermo Huízar afirmó que no hay una persecución política contra un grupo o personaje, sino que se trata de una revisión puntual del manejo del erario zacatecano “y de mera justicia”, pues “la sociedad está agraviada”.
El funcionario precisó que hasta el momento se han realizado 23 actos de fiscalización —14 auditorías y nueve actos de investigación— sólo sobre 2% del presupuesto estatal. “Se me complica mucho decidir qué es lo más grave; cada actitud tiene su cuota de gravedad sin importar el monto”, comentó.
Entre las irregularidades detectadas en la pasada administración está la contratación de artistas por 102 millones de pesos: 17 millones para Plácido Domingo, 15 millones para Alejandro Sanz, 8 millones 900 mil para Juan Gabriel, entre otros. Ni sumando los presupuestos de los 22 municipios zacatecanos más pobres se alcanza esa cifra.
“Esto de los artistas es algo que ha dolido a la sociedad; no dudo que sea bonito asistir a un concierto, pero ante la realidad zacatecana, ante la enorme pobreza que se respira… Zacatecas está en el último lugar del índice de desarrollo humano; tenemos comunidades sin drenaje, sin electrificación, sin agua potable, y sí hay esa sensación de agravio”, declaró.
Afirmó que si hay algún elemento constitutivo de delito del que sea responsable algún funcionario público de la administración de Amalia García, se dará vista al Ministerio Público, que se encargará de profundizar en las investigaciones y eventualmente procederá.
Notificarán a ex funcionarios
Huízar precisó que en las próximas horas los responsables de las áreas en las que se detectaron irregularidades serán notificados para que argumenten en descargo y desvirtúen las observaciones en un plazo de 15 días, y dejó en claro que continuarán las investigaciones sobre la administración de García Medina:
“No se trata de perseguir a nadie, no hay ningún afán de perseguir a nadie; se trata solamente de mostrarle objetivamente a la sociedad qué es lo que encontramos en el proceso de entrega-recepción de la administración estatal. Definitivamente esto nada tiene que ver con una persecución”, aseguró.
El funcionario también confirmó que, con base en peritajes realizados por la Universidad de Zacatecas, se comprobó que hay falsificación de facturas; que en consulta con Cemex se acreditó el sobreprecio de productos, y que se contrató un crédito bancario por 300 millones de pesos al margen del Congreso estatal.
Explicó que en todos los estados, cuando hay un proceso de transición sexenal, son las contralorías —la que entra y la que sale— las responsables de hacer este proceso, y que en su caso echó mano de sus atribuciones ordinarias y obligatorias, pero que hasta ahora sólo se ha revisado 2% del presupuesto.
—¿Hay posibilidad de que se proceda penalmente? —se le cuestionó.
—Sí, aunque esa valoración no la hace el contralor, la hace el Ministerio Público. Si en el transcurso de las investigaciones, en virtud de las pruebas que exhiban, localizamos que hay elementos constitutivos de delito, pues es mi obligación darle vista al Ministerio Público, que determinará —contestó el funcionario.
—A partir de las irregularidades, ¿hay la posibilidad de iniciar acción legal contra la ex gobernadora? —se le insistió.
—En este momento no estoy en condiciones de emitir opinión al respecto, no lo puedo hacer hasta en tanto no ejerzan los distintos involucrados su derecho de audiencia y podamos valorar pruebas.
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