México, D.F.-
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará el tema de la publicación de los nombres de presuntos delincuentes en medios de comunicación, a quienes no se les ejercitó la acción penal en su contra, por no existir elementos suficientes para inculparlos.
La Primera Sala del Alto Tribunal aceptó atraer el caso a propuesta del ministro Arturo Zaldívar, en el que una persona demandó daño moral por la publicación de su nombre en notas periodísticas que lo señalaron como probable responsable del delito de homicidio.
La corte revisará el amparo que promovió el demandante que reside en Querétaro y que argumentó que se daño su derecho al honor, pues se le señaló como posible responsable de un delito a pesar de que el Ministerio Público del estado determinó el no ejercicio de la acción penal en su contra.
Uno de los temas más importantes en este juicio será que el máximo tribunal del país determine si el hecho de emitir y publicar información sobre una persona acusada de cometer un delito, vulnera el derecho al honor, cuando no existen los medios probatorios para acreditarle el ilícito.
De igual forma la sala de la Corte definirá el problema que tiene la vigencia de los derechos fundamentales entre particulares, además estudiará la confrontación entre dos derechos fundamentales como son la libertad de expresión y el derecho al honor a raíz de un hecho delictivo.
Los ministros analizarán el control de la convencionalidad y la retroactividad de las recientes reformas constitucionales en materia de amparo y derechos humanos, que privilegian la defensa de las garantías individuales.
Este tema también cobró importancia en el Distrito Federal debido a que el primer visitador de la Comisión de Derechos Humanos capitalino (CNDHDF), Ernesto Patrón Sánchez, anunció que emitirá una recomendación para proteger los datos personales de los probables responsables de cometer algún delito y a quienes las autoridades exhiben ante medios de comunicación.
El visitador consideró que esta exhibición en medios constituye una violación al debido proceso, tanto para los culpables como para los inocentes.
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