México, D.F.-
Días antes de que Alberto López Rosas se convirtiera en titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJEG) en abril de 2011, dos averiguaciones previas abiertas en su contra en esa misma dependencia por los delitos de peculado, así como falsificación y uso indebido de documentos, fueron enviadas al archivo, pues los ilícitos “prescribieron”.
Aunque no son las únicas denuncias que acumuló. En el archivo de esa institución de procuración de justicia estatal existen un total de seis averiguaciones previas por presuntos delitos cometidos por el ex servidor público, presentadas entre 2003 y 2010, que incluyen daño en propiedad ajena, robo, abuso de autoridad, fraude y tentativa de homicidio, entre otros, pero ninguno de los casos procedió y en cuatro de ellas hace un par de años se decretó el no ejercicio de la acción penal.
Cuando el actual gobernador Ángel Aguirre Rivero lo propuso para el cargo ante el Congreso de Guerrero, su expediente estaba limpio e incluso la PGJEG le extendió una “carta de no antecedentes criminalísticos”.
Documentos que obran en poder de EL UNIVERSAL exponen así el destino que tuvieron las seis denuncias presentadas contra López Rosas en los últimos años, así como contra diversos servidores públicos que fueron sus colaboradores cuando fungió como alcalde de Acapulco (2002-2005), y algunos ahora son funcionarios estatales, a quienes no se les comprobó ningún delito.
Hoy López Rosas enfrenta nuevas acusaciones derivadas del fallido operativo del 12 de diciembre de 2011 en la Autopista del Sol, en el que dos estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa perdieron la vida por los disparos de policías ministeriales guerrerenses.
En este caso, la Procuraduría General de la República (PGR) encontró elementos para consignarlo junto con otros ocho ex funcionarios y un civil. En febrero de este año un juez federal giró orden de aprehensión en su contra por delitos contra la administración de la justicia al favorecer que un inculpado se sustraiga de la acción de la justicia y por encubrimiento, al desviar u obstaculizar la investigación de un hecho delictivo, aunque cuenta con un amparo que impide su detención.
– Los expedientes
En enero de 2005 se presentó una denuncia penal contra López Rosas por peculado, ante supuestas irregularidades en el manejo de recursos públicos cuando fungió como presidente municipal de Acapulco.
La demanda incluía como coacusados al entonces gobernador René Juárez Cisneros (1999-2005) y su ex secretario de Gobierno Luis León Aponte, así como a Juan Salgado Tenorio, ex secretario de Desarrollo Social del ayuntamiento de Acapulco y actual director general de la Promotora Turística (Protur) estatal; además de Jesús Ramírez Guerrero, ahora secretario técnico del Consejo Estatal de Población (Coespo).
Se inició el expediente DGCAP/0017/2005, que, según documentos de la PGJEG, el 14 de marzo de 2011 fue remitido a consulta de no ejercicio de la acción penal “por prescripción” con el visto bueno del director general de Control de Averiguación Previa de la dependencia bajo el registro 970/2011.
Asimismo, en noviembre de 2010 el ayuntamiento de Acapulco de Juárez denunció a López Rosas y a ex colaboradores cuando era edil del puerto, como Orlando Soberanos Vargas, quien fuera su secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, y Fernando Aragón Gómez, ex secretario de Administración y Finanzas.
Esta indagatoria, la DGCAP/0108/2010, fue enviada a consulta para no ejercicio de la acción penal “por prescripción” y se declaró extinguida la causa penal el 4 de abril de 2011 bajo el registro 925/2011, 10 días antes de que el Congreso de Guerrero votara por López Rosas como procurador estatal.
Otra denuncia fue presentada por el comerciante Policarpio Pineda Baltazar, ante un desalojo realizado en diciembre de 2004 de 81 locales del tianguis de La Diana con el argumento de que estaban en vía pública, a pesar de que existían resoluciones legales que lo impedían.
Pineda Baltazar presentó tres demandas contra diversos funcionarios estatales y en todas aparece como acusado López Rosas.
En septiembre de 2005 la indagatoria TAB/CAZ/05/0442/2005 se inició por daños en propiedad ajena y robo, pero se archivó en abril de 2009 “por no configurarse delito”.
En mayo de 2006 otra denuncia derivó en el expediente GRO/SC/0033/2006, por daños, robo y abuso de autoridad y en noviembre de 2008 se decretó el no ejercicio de la acción penal; lo mismo ocurrió con la averiguación TAB/3º/02/0295/2008 iniciada en 2008 por amenazas, difamación e injuria por la demanda de Policarpio Pineda Baltazar.
Cuadro:
DEMANDAS
– DGCAP/0017/2005, por el delito de peculado
– DGCAP/0108/2010, por uso de documento falso
– TAB/CAZ/05/0442/2005, por daños en propiedad ajena y robo
– GRO/SC/0033/2006, por daños, robo y abuso de autoridad
– TAB/3º/02/0295/2008, por amenazas, difamación e injuria
– TAB/COL/0254/2003, por negociaciones ilícitas, asociación delictuosa, así como asalto, fraude y homicidio en grado de tentativa
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