México, D.F. / Abril 19.-
Jorge Chabat, especialista en seguridad, y María Elena Morera, ex presidenta de México Unido contra la Delincuencia, coincidieron en que el arzobispo de Durango, Héctor González Martínez, debió presentar una denuncia ante las autoridades antes de lanzarse a los medios de comunicación a decir dónde vive Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Este viernes, González Martínez Aseguró que en la ciudad de Guanacevi, Durango, vive el narcotraficante prófugo Joaquin El Chapo Guzmán por quien el gobierno federal ofrece 30 millones de pesos a quien proporcione datos confiables de su localización.
El prelado denunció que varios sacerdotes de la zona eran extorsionados por grupos criminales entre ellos la denominada Familia Michoacana.
Este diario intentó contactar al arzobispo de Durango pero no fue posible localizarlo.
En la 87 Asamblea Plenaria de la Conferencia del Episcopado Mexicano, que comienza este lunes, con una misa en la Basílica de Guadalupe, el tema del narcotráfico y el crimen organizado será uno de los temas que se abordarán.
Elio Masferrer, antropólogo en temas religiosos, dijo que la denuncia marca un giro de la política del Iglesia que tradicionalmente se había alejado de esta problemática.
A consideración de Masferrer, el arzobispo de Durango es de los miembros de la jerarquía católica que había mostrado una actitud “moderadísima” y que nunca había buscado a los medos de comunicación para hacer anuncios.
Jorge Chabat, investigador del CIDE criticó la actitud del prelado al hacer este tipo de anuncios mediáticos, ya que es avisarles a los criminales de posibles operativos en su contra.
El especialista en seguridad, indico que González Martínez al tener acceso a información privilegiada, por el círculo en que se desenvuelve, el primer paso fue haber ido a las autoridades.
“Lo que sí tiene que explicar es porqué no puso la denuncia”.
Para María Elena Morera si un personaje de la vida pública con algún tipo de poder “no denuncia” y en lugar de esto sólo hace declaraciones, al final del día se crea un clima de enojo por parte de la sociedad que te dice, si lo sabía cómo es posible que no lo denuncie.
Elena Azaola, investigadora del CIESAS, calificó como “imprudente” y “apresurado” dar a conocer la información sin tener bases sólidas, porque el arzobispo pudo poner en riesgo su integridad.
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