México, D.F.-
El ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y otros 20 ex servidores públicos de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) implicados en el caso de la ciudadana francesa Florence Cassez engañaron a las víctimas de secuestro, a jueces y magistrados y a la sociedad en general, por lo que deben ser sancionados sin menoscabo en los ámbitos penal y administrativo, aseveró Luis García López Guerrero, primer visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Comentó que las diligencias de la Procuraduría General de la República (PGR) deben iniciar de inmediato para deslindar responsabilidades. Sin embargo, a cuatro días de que la CNDH presentó la denuncia penal contra los ex funcionarios por irregularidades cometidas en el proceso de Cassez, la dependencia aún no ha establecido comunicación con el organismo nacional.
En entrevista con EL UNIVERSAL, informó que, además de la denuncia penal, la CNDH presentó una queja ante el órgano de control interno de la PGR, a fin de que se finquen las sanciones administrativas que correspondan.
El 9 de diciembre de 2005, Cassez fue detenida por elementos de la AFI en una casa del pueblo de Topilejo, en el Distrito Federal, donde una banda de secuestradores mantenía a personas privadas de su libertad. Pero debido a que se demostró que el operativo de arresto fue montado para que se hiciera público en los medios de comunicación, y se violó el debido proceso al no dar aviso de inmediato al Consulado francés, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó su inmediata libertad el 23 de enero de este año.
Después de investigar el caso, la CNDH encontró que los servidores públicos involucrados, hasta los altos mandos de la AFI, incurrieron en diversas irregularidades, lo que derivó en una afectación a las víctimas de secuestro. Por ello, el viernes pasado el organismo presidido por Raúl Plascencia presentó ante la PGR una denuncia penal en contra de García Luna, ex titular de la AFI; del entonces titular de la Unidad de Investigación y Secuestro, Israel Zaragoza; el ex director de Investigación Policial, Luis Cárdenas Palomino, y el ex director de Operaciones Especiales, Javier Garza, además de dos agentes del Ministerio Público y 15 elementos de la AFI.
-¿Qué sigue en este proceso para la CNDH? ¿Ya estableció contacto la PGR con ustedes?
-Aún no. Esperamos que en esta semana establezcamos comunicación para aportar los elementos que sean necesarios. Este es un nuevo gobierno, así que desde la CNDH esperamos que se sancione a los servidores públicos que nos engañaron, engañaron a las víctimas, a jueces y magistrados, y a la sociedad en general. Esperamos que la PGR inicie diligencias de inmediato en los plazos que establece la ley.
-¿Las víctimas de secuestro podrán tener justicia?
-Como lo señalamos en nuestro informe, con sus irregularidades y omisiones los servidores públicos generaron un efecto corruptor que agravió a las víctimas, porque fueron expuestas públicamente y se les negó el derecho a que se les hiciera justicia y se castigara a los responsables de secuestro. Pero el proceso contra los secuestradores sigue, así que estaremos atentos. Por otra parte, el objetivo de la denuncia penal que presentamos en la PGR es que se castigue también a los servidores públicos que cometieron actos que pueden ser constitutivos de delitos como abuso de autoridad, ejercicio indebido y contra la administración de justicia, porque fue por ello que Cassez fue liberada, no porque fuera inocente. Además, se debe reparar el daño a las víctimas.
-¿Podrían estar implicados otros altos mandos del gobierno federal?
-No, lo que nosotros investigamos es que, de acuerdo con la cadena de mando, quienes tuvieron conocimiento de los hechos llegan hasta el titular de la AFI nada más.
-¿La CNDH ha documentado casos similares?
-Como este no. Es el único caso donde ha habido una fabricación.
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