Ciudad de México.-
La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) llamó a Eduardo Robles Gil, director general de la congregación Legionarios de Cristo a solicitar al papa Francisco la dimisión del estado clerical del sacerdote Fernando Martínez, quien cometió abuso sexual contra menores de edad y fue denunciado desde hace 50 años.
Alfonso Miranda Guardiola, secretario general de la CEM informó que además solicitaron a la congregación religiosa mantener en el país al acusado.
“Exhortamos al director general a que solicite al Santo Padre, pro bono Ecclesiae, la dimisión del estado clerical de Fernando Martínez, manteniéndolo sujeto a la obediencia religiosa en una residencia en México, a fin de estar a disposición de las autoridades competentes”.
El coordinador general del Consejo Nacional de Protección de Menores del episcopado reiteró el compromiso de la CEM hacia las víctimas y enfatizó en que se les acompañará para que denuncie penalmente a los agresores.
“Expresamos nuestro firme compromiso de que en éste y en todos los casos de abuso sexual de menores en el seno de la Iglesia, se dé atención prioritaria a las víctimas, se denuncie a los agresores, se repare el daño causado, los responsables enfrenten los procesos legales ante las autoridades civiles y canónicas y éstas actúen de modo expedito y responsable”.
El también obispo auxiliar de Monterrey reconoció la valentía y búsqueda de justicia por parte de las víctimas del religioso Fernando Martínez y a la labor de las asociaciones que las acompañan en esta búsqueda.
Sin embargo, lamentó que en el informe en el que los Legionarios de Cristo dan a conocer estos abusos cometidos contra la infancia no se ha alcanzado la justicia.
“No hemos encontrado un acto concreto de justicia y reparación para las víctimas, ni quién actualmente, por parte de la Congregación, asuma la responsabilidad de transparentar a los responsables del encubrimiento”, resaltó a través de un comunicado.
Detalló que en el ámbito canónico, se ha realizado la investigación previa que antecede a un proceso penal canónico, estando a la espera de las determinaciones que tomará la congregación religiosa.
