Cd. de México.-
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) envió a visitadores adjuntos a las ciudades de McAllen, Houston y Brownsville, Texas, para realizar acciones de monitoreo del estado de las familias migrantes separadas por la política de tolerancia cero impulsada por el gobierno de Donald Trump.
Informó que el objetivo es elaborar un diagnóstico más amplio de la situación de las familias migrantes que permita el diseño de mejores estrategias para su defensa, así como reforzar vínculos con organizaciones de la sociedad civil que trabajan en Estados Unidos en la defensa de los derechos humanos de las personas en contexto de migración.
El personal de la CNDH también ha acudido a diversos Consulados de nuestro país en Texas, a través de los cuales ha gestionado visitas a Centros de Detención de personas migrantes y a albergues de la sociedad civil “para recabar testimonios de connacionales y escuchar las inquietudes y necesidades de las familias mexicanas que se encuentran ante una posible situación de deportación”.
Señaló que en las visitas se promovieron las herramientas que la Comisión ha puesto al alcance de los connacionales ante posibles acciones de detención y deportación arbitraria, “difundiendo entre las familias mexicanas el micrositio El Plan es Tener un Plan, en el que se identifican casos en los que se pueden ver involucradas, así como acciones concretas para la defensa de sus derechos”.
La CNDH enfatizó que “las acciones de deportación emprendidas por el gobierno estadounidense ponen en riesgo los derechos humanos de las personas migrantes detenidas, principalmente de la niñez y la adolescencia al separarlas de sus familias, procesando a los adultos por haber cruzado la frontera sin documentos para su posterior deportación a sus países de origen”.
Recordó que la unidad familiar es una garantía protegida por el sistema interamericano de derechos humanos y destacó que, de acuerdo con estándares internacionales “a las personas migrantes sujetas a procedimientos de deportación se les debe respetar como mínimo el derecho a ser escuchadas por la autoridad competente en el marco del procedimiento tendente a su deportación y tener la oportunidad adecuada para ejercer su derecho de defensa”.
Por ello, continuará monitoreando y observando la situación que enfrentan las personas en contexto de migración irregular en Estados Unidos, vigilando que se respete la dignidad humana de esa comunidad.
