Cd. de México.-
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) compareció a juicio en los cuatro amparos promovidos por los implicados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en los que se ordenó la creación de una Comisión de la Verdad para investigar el caso Iguala.
Según los registros judiciales, la CNDH autorizó un representante legal para poder intervenir en los juicios de amparo en los que el Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas desconoció la “verdad histórica” difundida por el gobierno federal sobre los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 y señaló que hay indicios de actos de tortura contra los imputados.
“Agréguese el oficio signado por el coordinador General de Seguimiento de Recomendaciones y Asuntos Jurídico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con sede en la Ciudad de México, y en atención a su contenido se le tiene compareciendo al presente juicio y señala domicilio para oír y recibir notificaciones y se autoriza a los profesionistas que mencionan en su escrito”, señaló el magistrado del Tercer Tribunal Unitario del Decimonoveno Circuito, encargado de ordenar el cumplimiento de la sentencia de amparo.
De acuerdo con las resoluciones de amparo, la Comisión de la Verdad ordenada por el Colegiado deberá quedar integrada por familiares de los normalistas, personal de la CNDH y ministerios públicos federales.
“Deberá integrarse la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (caso Iguala), que se conformará por los representantes de las víctimas (familiares de los estudiantes desaparecidos), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y el ministerio público de la Federación”, señala la resolución.
Los magistrados ordenaron que una vez creada la comisión, todo oficio o determinación que se emita en la investigación del caso Iguala estará sujeta al aval de los representantes de las víctimas y la CNDH, quienes también determinarán las líneas de indagatorias y pruebas a practicarse.
Ayer, el Segundo Tribunal Unitario con sede en Matamoros, Tamaulipas, ordenó notificar a los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos para que integren la Comisión de la Verdad, como fue establecido en las sentencias de amparo.
También dejó insubsistente la sentencia de apelación en la que confirmó los autos de formal prisión contra los inculpados Salvador Reza Jacobo “El Wereke”; Felipe Rodríguez Salgado “El Cepillo”; Miguel Ángel Landa Bahena y Gildardo López Astudillo “El Gil” y para dictar una nueva en la que ordene la reposición del procedimiento a partir de que emitieron sus declaraciones, pues existen indicios de que sus confesiones fueron obtenidas mediante tortura.
En consecuencia, una vez que el Unitario notifique su nueva resolución, el Juez de la causa penal deberá dejar sin efectos el auto de formal prisión contra los quejosos y requerir al ministerio público federal adscrito a la Procuraduría General de la República que presente dictámenes psicológicos conforme al Protocolo de Estambul, realizados por especialistas independientes para determinar si efectivamente fueron víctimas de tortura.
