México, D.F.-
La próxima reforma al campo será igual de importante que la energética, aseguró el presidente del Comité del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, Marco Antonio González Valdez.
En el marco de la clausura de los trabajos de los Foros para la Transformación y Modernización del Campo”, expresó que ya “no podemos seguir perdiendo nuestra soberanía alimentaria cuando ya sabemos lo que debemos hacer y cómo hacerlo”, y opinó que de continuar con un presupuesto inercial se seguirán obteniendo los mismos resultados.
El legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) aseguró que “este foro se diferencia porque no es de diagnóstico, sino de soluciones y propuestas concretas, porque de forma unánime queremos que a este sector y su población le vaya bien”.
Por ello, invitó a los productores e interesados a que envíen sus propuestas para que sean consideradas.
Puntualizó que en dos o tres semanas estarán listos los temas más importantes que propondrán incluir en la reforma del campo, luego de concluir el último de los nueve foros para la transformación y modernización del sector.
Julio Cesar Rocha López, coordinador de Mejoras Regulatorias Sectorial de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, indicó que de cuatro millones de unidades económicas rurales existentes 3.4 está en subsistencia y con ingresos anuales no mayores a 17 mil pesos.
“Explicó que de toda la superficie cultivable sólo el 26 por ciento cuenta con sistema de riego, mientras que el resto es de temporal. El 13 por ciento de la población económicamente activa se encuentra en este sector”, precisó.
A su vez el director general de Operaciones Financieras de la Sagarpa, Omar Musalem López, resaltó los avances que se han logrado mediante la implementación del Programa de Coberturas de Precios, el cual benefició a productores cafetaleros principalmente del sur del país.
“En términos financieros los productores no existen para nadie, pero nosotros iniciamos un cambio en la política, orientando un golpe de timón para dirigir los recursos de Protección de Precios a un producto de entrada al mercado internacional como el café”, destacó.
A su vez el director general del Colegio de Postgraduados, Jesús Moncada de la Fuente, pidió no quedarse atrás en la investigación de productos transgénicos y “no detener la creatividad”, pero sin descuidar las bases genéticas.
“Debemos proteger las bases genéticas para que futuras generaciones puedan tener accesos a estos y sean una posibilidad para resolver los problemas alimentarios que enfrenten”, planteó.
José Ernesto Cacho Ribeiro, consejero del grupo Minsa, mencionó que uno de los obstáculos del campo es que se eligen siembras que no pueden ser producidas de forma eficiente, ya sea por cuestiones del cambio climático o cultura en la elección del sembrado.
Además, apuntó, hay un enorme desequilibrio de infraestructura en todo el país, ya que “mientras en Sinaloa hay casi seis millones de toneladas de capacidad de almacenaje de granos en el sureste prácticamente es inexistente”.
En su turno el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de Sinaloa, Juan José Guerra Ochoa, lamentó la discordancia que hay en el sector ya que de los 93 mil millones de dólares que se obtuvieron de ganancia en el mercado de alimentos en 2010 los productores sólo recibieron 18 mil millones de dólares.
Según él, existen acuerdos entre compradores para tumbar precios de productos nacionales, como el frijol y el maíz blanco, y a la vez buscan importar los mismos productos de otros países como Estados Unidos, aunque son más caros.
“Se requiere una ley de comercialización para evitar malas prácticas y permitir que haya un verdadero mercadeo; no más imposición de precios”, demandó.
El director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, Juan Carlos Anaya, propuso para el sector del campo políticas públicas, infraestructura, bienes públicos en lugar de subsidios, incluir semillas mejoradas en la productividad y tener un control de enfermedades como la fiebre aviar.
Indicó que el sector requiere certidumbre a través de presupuestos y políticas multianuales, programa de financiamiento y administración de riesgo y una política agrícola trilateral, es decir lograr una política común con los socios comerciales.
Aseguró que en el tema de granos el país tiene un gran potencial, y recomendó mejorar las variedades del frijol y promover su exportación, además de fortalecer el trigo panificable o cártamo.
Señaló que se debe ordenar el mercado del azúcar, además de que falta una política pública de bio-energéticos en etanol, con el fin de que el sector privado invierta para generar este combustible. La agricultura por contrato, sostuvo, garantiza la comercialización.
“Los productores están convencidos de la agricultura por contrato. Los compradores también, pero hay agentes del gobierno que no les gusta porque cuesta mucho dinero. Son 10 mil millones, pero sólo es el dos por ciento de lo que gastamos en subsidios a la gasolina”, dijo.
En su intervención el presidente de AgroBIO México, Alejandro Monteagudo Cuevas, dijo que se prevé un aumento de productos genéticamente modificados, ya que se estima que sólo en el caso del maíz tendrá proyecciones de más de 80 millones de hectáreas para el 2020, a los que se suman países como China y Ucrania.
En el caso de México, puntualizó, de un total de 175 millones de hectáreas sembradas a nivel mundial en 2013 sólo se cultivó una milésima parte, es decir sólo 130 mil hectáreas se dedicaron a la siembra de algodón y soya genéticamente modificados.
“Es una proporción reducida -destacó- cuando Brasil y Argentina dedican 40 y 24 millones de hectáreas, respectivamente, al cultivo de soya, algodón y maíz”.
Informó que a nivel internacional, el 81 por ciento de la soya que se comercializa es genéticamente modificada, lo mismo en el caso del algodón.
Mientras, el maíz presenta un 35 por ciento, aunque de acuerdo con la proyección para el año 2020 alcanzará el 50 por ciento, es decir la mitad de lo que se siembre y comercialice será genéticamente modificado.
A su juicio, es un mito que ese tipo de productos causen alteraciones en la salud, al medio ambiente y a la diversidad biológica, ya que más de 27 países los siembran y más de 60 los consumen. Ninguno ha revocado sus permisos para la siembra por alguna de estas afectaciones, sostuvo.
Por el contrario, continuó, es una tecnología sustentable y con beneficio económico, y ésto lo demuestra su rápida adopción, ya que presentó beneficios económicos por 117 mil millones de dólares en el 2013; en el caso de México, se generaron 238 millones por la siembra de algodón y soya.
De la Confederación de Asociaciones Agrícolas de Sinaloa (CAADES), Gonzalo Beltrán Collantes dijo que urge disponer de presupuestos multianuales como en Estados Unidos y la Unión Europea, con programas de hasta cinco años, y definir un presupuesto acorde a la demanda de los productores.
También favorecer la inversión en el sector, establecer reglas de operación claras y sencillas, simplificar la tramitología, y mejorar pagos de apoyo, además de invertir en tecnología e investigación de mercados.
Resaltó que el seguro agrícola en México cuesta 2.5 veces más que el de los socios comerciales, el costo financiero es el triple y el de semillas el doble, aunado a que el productor mexicano gasta en riegos al orden de 300 pesos por tonelada.
Si a ello se agrega el costo de fertilizantes, refacciones y diesel, se está disparejo frente a los competidores, advirtió.
Para colmo, continuó, a los socios americanos les aumentaron el 50 por ciento de su presupuesto, previendo cinco años de caída en los granos, mientras que “a nosotros nos redujeron en comercialización mil millones de pesos”.
En su turno el académico y consultor Octavio Díaz de León Pacheco destacó que el sector agropecuario presenta graves problemas en la mayor parte de las zonas de producción, especialmente en el sur y sureste del país, donde se practica una agricultura tradicional.
En materia de frutas y hortalizas, añadió, hay una falla integral de hace más de un siglo.
Propuso modificar la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y la ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a fin de que se incorpore una aplicación del mercado con promoción de centros de acopio y de empresas de servicios, normas de calidad y la integración de una red de almacenamiento en frío para productos perecederos.
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