Cada año la corrupción de servidores públicos le cuesta al país 60 mil millones de dólares, aseguró el Partido de la Revolución Democrática (PRD), con base en cifras del Banco Mundial.
Según el diputado Hugo Martínez, entre 2005 y 2007 aumentaron en 82 millones los actos de corrupción en el uso de servicios públicos federal, estatal y municipal, así como en concesiones y servicios provistos por particulares.
Esto al pasar, dijo, de 115 millones a 197 millones, según el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno.
El diputado presentó la semana pasada una iniciativa de reformas a los artículos 13 y 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en la que propone elevar a dos años el plazo mínimo de inhabilitación por actos u omisiones, y sanciones económicas que superen los 200 salarios mínimos.
Por lo que hace al artículo 37 planteó ampliar a 30 días naturales la suspensión por incumplimiento de la presentación de la declaración inicial sin causa justificada e inhabilitación de uno a dos años por no presentar la declaración patrimonial de conclusión.
Por ejemplo, por faltar a la verdad en la declaración de situación patrimonial, la iniciativa establece la suspensión del servidor público por un periodo no menor de seis meses ni mayor a un año y, cuando su importancia lo amerite, sea destituido e inhabilitado de dos a cinco años.
Señaló que la corrupción genera pérdida de credibilidad en el Estado, el gobierno y en la administración pública, inhibe la participación ciudadana en los asuntos públicos, induce la ilegitimidad e inadecuada asignación de recursos del Estado, y la apropiación de los mismos por grupos económicos y políticos con altos costos para la sociedad.
Consideró incongruente que existan estas cifras y no se haga nada por erradicarlas.
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