Cuatro casos de impunidad:
con la muerte pegada al cuerpo

Culiacán, Sin. / Feb. 24.-
Abatida emocionalmente por la muerte violenta de Cristóbal, un muchacho de 16 años que era el menor de sus hijos, Alma Trinidad Herrera Camacho lamenta la insensibilidad social y que la gente se acostumbre a vivir “con la muerte pegada al cuerpo”, pero sobre todo la lentitud de las investigaciones ministeriales.
La mañana del 10 de julio pasado, Alma Trinidad, profesionista de 50 años, mandó a sus hijos César y Cristóbal al taller Mega 2000, situado en la colonia Los Pinos, a reparar los frenos del auto familiar. Cuando los muchachos cumplían el cometido, un grupo armado de fusiles AR-15 y AK-47 irrumpió en el taller, abriendo fuego contra empleados y clientes. Resultaron nueve personas muertas (varias de ellas familiares entre sí), incluido Cristóbal. Sólo sobrevivió César, su hermano mayor, quien aunque resultó herido de una pierna, fue dado por muerto.
“Me sentí morir —evoca la mujer, acongojada— cuando vi a mi pequeño hijo en la plancha, inerte, pero tuve que sobreponerme, porque en una sala continua mi otro hijo se reponía”. Y enseguida se pregunta: “¿A las autoridades no les importa ni siquiera que el mismo grupo criminal, minutos después, masacrara a un comandante y un agente, a las puertas de la Policía Ministerial del Estado (en la misma colonia)?” –sucede que esa mañana fueron asesinadas 11 personas por el aquel grupo armado, en un lapso de ocho minutos, aunque en dos sitios diferentes.
Esta indolencia gubernamental la movió a “luchar porque se haga justicia”, buscando para ello, “con otras madres, esposas y hermanos de víctimas inocentes, el respaldo de la sociedad”, que fue tibio, pues no más de 300 personas acudieron a sus actos públicos de protesta. Con otras víctimas de la violencia ha acudido a las instancias judiciales, donde la única respuesta es que las investigaciones avanzan y que apuntan a la delincuencia organizada, aparte de que el grupo que mató a Cristóbal y a 10 personas más está relacionado con otro 20 homicidios –esto se sabe porque, según pruebas de balística, una de las armas utilizadas en los dos atentados del 10 de julio, lo fue también en aquellos 20 asesinatos.
Hay una primera razón evidente para la parálisis de las pesquisas. El subprocurador general de Justicia del Estado, Rolando Bon López, admite que los agentes investigadores a cargo del caso tienen miedo, lo cual se explica en una ciudad donde durante 2008 perdieron la vida 104 policías.
Oficialmente, los ataques del 10 de julio pasado están siendo investigados tanto en el fuero común, por los delitos de homicidio, lesiones y daños, como en el federal: la Procuraduría General de la República abrió su propia indagación por presunción de delincuencia organizada, según dio a conocer el subprocurador Bon López, quien precisa también que las indagaciones no están detenidas, ni archivado el expediente, el cual consta de seis tomos, con 800 fojas.
Además del miedo de los investigadores, el funcionario explica que es difícil avanzar porque los ciudadanos se niegan a aportar información cuando se trata de sucesos violentos. Si bien esta actitud se justifica por el miedo, dice, existen números telefónicos donde podrían contribuir con denuncias anónimas.
Bon López informa también se ha reunido en varias ocasiones con Alma Trinidad Herrera Camacho, la madre de Cristóbal, y el ombudsman estatal de derechos humanos, Leonel Aguirre Meza, para precisarles los avances –que siete meses después, a pesar de todo, no tienen en prisión a los asesinos.