México, D.F.-
La senadora perredista Alejandra Barrales Magdaleno, consideró acertada y oportuna la decisión del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) sobre las reglas para la aplicación del “must offer” y “must carry”.
La presidenta de la Comisión de Radio Televisión y Cinematografía del Senado indicó que dicha decisión se ajusta al espíritu que guió la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y dará mayor certidumbre tanto a los operadores como a los usuarios de sus servicios.
El “must offer” implica proveer la señal abierta de manera gratuita a los sistemas de televisión de paga; en tanto el “must carry” insta a los proveedores de televisión por cable a incluir en su señal a todos los canales locales de televisión que poseen licencia.
Al referirse a los lineamientos aprobados por el IFT, Alejandra Barrales apuntó que este tipo de decisiones no pueden ni deben interpretarse como medidas benéficas o contrarias a los intereses de un operador en particular, de acuerdo a un comunicado.
Por el contrario, dijo, deben apreciarse como el cumplimiento de un mandato constitucional, que tiene como principal objetivo generar un beneficio directo para las audiencias.
La senadora confió en que el IFT actuará en congruencia y tomará la decisión que mejor se ajuste a los principios establecidos en la Constitución, con relación a las quejas que se han promovido ante la autoridad reguladora y que aún están pendientes de resolución.
La Senadora por el Distrito Federal alertó que aún están pendientes otras definiciones sobre temas complejos, como reglas de competencia, determinación de agentes preponderantes y dominantes.
También, la regulación asimétrica que les será aplicable, la licitación de nuevas cadenas de televisión y las investigaciones que ha señalado el IFE hará por una supuesta concentración prohibida entre operadores de telecomunicaciones, entre otros.
De igual manera, falta que el Congreso de la Unión emita la legislación secundaria, en la que deberán atenderse otros temas, tanto o igual de importantes a los señalados, como la réplica y los derechos de los usuarios y de las audiencias.
Consideró que sólo así se estaría cumpliendo el objetivo de la reforma constitucional, que consiste en modificar de manera integral el esquema legal de las telecomunicaciones y la radiodifusión y no solamente cambiar algunos de sus aspectos, por lo que urgió a que el gobierno federal presente su propuesta para agotar el proceso legislativo correspondiente.
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